Bajo el yugo del narcotráfico

Las recientes declaraciones del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset ante agentes de la DEA, al admitir que aún mantenía 10 toneladas de cocaína almacenadas en Bolivia y mostrar billeteras de criptomonedas con casi 4 millones de dólares, expusieron la dimensión de las operaciones criminales  asentada en el país. Esta revelación no constituye una simple cifra impactante, sino la prueba irrefutable de que el territorio nacional es un centro logístico de acopio, procesamiento y exportación a escala industrial para redes transnacionales. La peligrosidad extrema de estas declaraciones radica en que confirman que los grandes capos internacionales no solo utilizaban a Bolivia como zona de tránsito, sino como un refugio seguro desde donde operaban y lavaban activos con total impunidad.

A este sombrío panorama se suman las alarmantes denuncias del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien confirmó ante la Asamblea Legislativa que el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) disputan abiertamente el control de los corredores del narcotráfico en nuestro territorio. En el departamento de Pando, la situación está en niveles críticos donde facciones del Comando Vermelho tomaron carreteras como Santa Rosa-Montevideo, portando fusiles de guerra e imponiendo el cobro de peajes por “protección” a los comerciantes locales, mientras el PCC intenta tomar municipios fronterizos enteros. Además, el reclutamiento masivo de jóvenes bolivianos en las poblaciones limítrofes demuestra que el crimen organizado está pasando de la presencia logística a la imposición de una gobernanza criminal paralela que gestiona la vida cotidiana de los ciudadanos.

La consecuencia directa de esta pugna por el control territorial es una sangrienta ola de sicariatos y ejecuciones que azotan al oriente boliviano. Crímenes atroces como la masacre en la estancia Campo Nuevo, el asesinato y robo del cadáver del subteniente Yerson Salazar en San Matías, la aparición de cuerpos decapitados en Yapacaní y las constantes ejecuciones de jóvenes en San Ignacio de Velasco reflejan métodos de violencia utilizados para intimidar y disputar el control territorial y sembrar el miedo. Todo esto ocurre en un contexto de descontrol de cultivos de coca que, según datos de la UNODC, alcanzaron las 34.000 hectáreas en 2024 con un potencial de producción de hasta 394 toneladas de cocaína, abrumando la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad e imponiendo la “ley del silencio” en comunidades enteras.

Ante semejante nivel de desborde, el Gobierno utiliza esta escalada de violencia y las amenazas en frontera como el argumento central para lograr la aprobación legislativa de un estado de excepción ampliado por 90 días. El impacto de este escenario sobre la vida nacional es profundo y destructivo para la institucionalidad democrática del país. La normalización de los regímenes de excepción y la presencia permanente de fuerzas militares en las calles somete a la población civil a una constante zozobra, donde la cotidianeidad oscila entre la amenaza latente de las bandas armadas y la militarización de su entorno.

La autora es periodista y politóloga