Gobierno busca minimizar el ilícito de narcotráfico con delitos menores
Pese a evidencias de delitos de narcotráfico de algunas personas, la justicia de la mano del partido gubernamental evita juzgarlas o procesarlas por ese delito y recurre a figuras como “legitimación de ganancias ilícitas” con el único fin de minimizar el tráfico de drogas, además de favorecer a personas con penas leves y no las estipuladas por narcotráfico, sostienen abogados y analistas.
“Se trata de minimizar esa actividad que ya es tan notoria y ése es el mensaje que se está dando, por eso es que no se abren ilícitos relacionados a esa actividad. Y un caso muy claro en el último tiempo es el de Maximiliano Dávila. Es tan evidente la relación o los vínculos que ha tenido este ciudadano que está siendo investigado por Estados Unidos, y este país está ofreciendo una recompensa y aquí, en Bolivia, no lo relacionan con narcotráfico, porque están queriendo minimizar o tapar esas actividades de narcotráfico”, señaló el abogado penalista Eusebio Vera.
En los últimos días, la ejecución de dos efectivos policiales y un voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip), que involucra a Misael Nallar, pareja de María Fernanda Lima Lobo, hija de Jesús Einar Lima Lobo, “capo” del narcotráfico extraditado a Brasil en mayo de 2021, derivó en que se lo investigue por “legitimación de ganancias ilícitas”, pero no narcotráfico.
El abogado constitucionalista y analista Paul Antonio Coca dijo que la legitimación de ganancias ilícitas es un tipo penal, pero no es suficiente porque se trata de una sanción leve.
“Uno se sorprende por todo lo que uno encuentra al respecto, y todo esto, lo que pasa es que con legitimación de ganancias ilícitas lo único que se está haciendo es que los bienes pasen a dominio del Estado. Se está dando sanciones leves como para justificar que se lucha contra el narcotráfico”, declaró.
Sanciones
De acuerdo con las penas establecidas, en el ilícito de legitimación de ganancias la pena es de cinco a 10 años de privación de libertad en relación a la sanción por narcotráfico, que va de 10 a 25 años de cárcel.
Desvincular
El constitucionalista Coca señala que el narcotráfico es una actividad que involucra a varios sectores, es una red que opera en todo lado, bien organizada y que maneja mucho dinero.
“Algo que les sobra es el dinero y obviamente lo que hacen es comprar autoridades, policías, jueces, fiscales, autoridades de altas esferas del poder para tener protección (...), lo que hace que las redes del narcotráfico hayan penetrado el Órgano Judicial y otras entidades”, mencionó.
Coca señaló que en 14 años Evo Morales gobernó el país, dominado por el Chapare, por lo que se ha establecido que la justicia está “direccionada y sometida al poder político”.
“El poder político ordena a la justicia que no investigue los nexos de esta actividad ilícita entre altas autoridades o exautoridades de manera que quien cae estará con todo el peso de la ley, pero no serán investigados sus nexos con narcos”, añadió.
Después de seis meses sigue en “revisión”
El trámite requerido por la Justicia estadounidense para la extradición de Maximiliano Dávila, exjefe de la policía antidroga, está en proceso de revisión, después de seis meses de su detención, informó ayer el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta.
Mayta señaló que la Dirección Jurídica del ministerio a su cargo viene revisando en el marco del cumplimento de la normativa la solicitud de EEUU de la detención preventiva con fines de extradición de Dávila.
Un primer requerimiento presentado un par de meses atrás fue devuelto a la delegación diplomática de ese país en La Paz por “algunas limitaciones en la solicitud”. La embajada estadounidense respondió positivamente enviando un nuevo documento complementario y ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores analiza nuevamente la solicitud.
