La Fiscalía investiga un consorcio que, a nombre de un tribunal de El Alto, emitió mandamientos de libertad falsificados para favorecer a personas recluidas.
Los ejecutivos del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni que fueron sentenciados por conformar una organización ficticia para adjudicarse la construcción de la represa por 89 millones de dólares en 2008 plantearon un amparo.