Ante rechazo a “dieselazo”, Gobierno ratifica que no abrogará el D.S. 5676
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, y su colega de Economía, Christian Morales, ratificaron ayer que el Gobierno no abrogará el Decreto Supremo (DS) 5676 que autoriza al aumento del precio del diésel a Bs 18 para tres sectores específicos de consumidores.
De esa manera los dos ministros de Estado respondieron a los sectores que piden la abrogación de esta medida como los campesinos de Yapacaní, los productores de arroz de Beni, los productores del trópico de Cochabamba, los gremiales de Bolivia y otros.
Aramayo incluso planteó la posibilidad de ampliar el estado de excepción vigente ante las amenazas de algunos sectores sociales radicales que buscan generar convulsión en el país.
“El estado de excepción tiene una vigencia plena en este momento y, si seguimos con estas amenazas, con estas acciones que van en contra de la vigencia del Estado de derecho y el respeto a lo que es el estado de excepción, claro que tiene que ampliarse, porque quiere decir que hay grupos que continúan con la intención de desestabilizar la democracia”, afirmó.
El ministro Aramayo cuestionó “¿Qué preferimos, que no haya abastecimiento y que las colas estén ante surtidores que no van a vender el diésel?”, cuestionó y afirmó que para “transformar” el país “tenemos que empezar a decir las cosas como son”.
Horas antes, el nuevo ministro de Economía, Christian Morales, dijo que “se tienen que realizar ajustes para minimizar los riesgos”.
Morales recalcó se buscarán consensos para “tratar que no se abrogue el decreto” puesto que consideró que se debe ordenar la economía para evitar “las distorsiones” que terminaron por “desangrar las arcas fiscales”.
Al menos una decena de sectores cuestionaron el Decreto 5676 y algunos de ellos dieron plazos al Ejecutivo para modificar o abrogar la norma.
Entre las organizaciones que cuestionaron el decreto son la Federación de las Cuatro Provincias del Norte de Santa Cruz .
Las organizaciones sociales y productivas de Yapacaní, dieron 24 horas al Ejecutivo para abrogar la norma y advirtieron con nuevas medidas de presión.
Los productores de San Juan y San Julián, protagonizaron caravanas y anunciaron posibles medidas de presión.
Además de entidades productoras como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que rechazó el precio diferenciado y advirtió sobre efectos en la producción y el abastecimiento de alimentos.
