SURAZO
El asunto de los contratos de publicidad con recursos fiscales no es un asunto menudo, sino todo lo contrario. Por una parte está la estrategia destinada a eliminar los medios independientes y, por otra, los cada vez más evidentes mecanismos que son usados para robar dinero del Estado.
Como se había previsto, el año 2024 comenzó con la polémica sobre la continuidad de funciones de las máximas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El santoral de la Iglesia católica ha fijado el 28 de diciembre para conmemorar un episodio bíblico: el de la matanza de niños menores de dos años que habría sido ordenada por Herodes el Grande con el fin de eliminar al Mesías, cuyo nacimiento le fue comunicado por los magos de oriente.
Hay movimiento de instituciones en Potosí desde hace algún tiempo.
La Fuerza Especial de lucha Contra el Crimen se trasladó al nuevo edificio de las calles San Alberto y Pando y la Fiscalía Departamental también tiene nuevo inmueble, en la avenida Villazón, casi enfrente del todavía nuevo complejo de oficinas del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) y el Registro de Derechos Reales.
La semana pasada, Potosí estuvo de fiesta porque la Unesco comunicó oficialmente que aceptó incluir a la festividad de Ch’utillos en la lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Se trata de la segunda inscripción para la Villa Imperial, pero la figura central de la celebración fue la ministra de Culturas, Sabina Orellana.
El artículo que está leyendo lleva el número 1.070 para fines de control. Un año tiene 52 semanas, y publico esta columna desde hace 20 años y medio. Esa cifra es aproximada porque, al principio, no numeraba los artículos.
La columna “Surazo” nació cuando era jefe de redacción en Correo del Sur, de Sucre, alrededor de 1997; pero el primer diario en publicarla fue Los Tiempos, de Cochabamba, que, por ello, se convirtió en su cuna. Después, se extendió hasta a ocho diarios nacionales independientes; es decir, sin vínculos con los gobiernos.
El último Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ubicó a Bolivia en el puesto 25 de entre 32 países de las Américas. Eso significa que, según esa medición, nuestro Estado se encuentra entre los más corruptos del continente, superado sólo por México, Paraguay, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela.
Según su padrón electoral, los votantes habilitados de Argentina son 35.394.435. De estos, 14.476.462 hicieron presidente a Milei mientras que 11.516.142 votaron por Massa.
Si vemos números, solo la votación de Massa, que fue el perdedor en el balotaje del domingo, supera la población total de Bolivia que el Instituto Nacional de Estadística cifró en 11.216.000 tras la Encuesta de Hogares realizada en 2017. Para 2021, la estimación llegaba a 12,08 millones de pobladores, pero, aun así, no alcanzamos a la votación de Milei.
El último 25 de octubre, el fiscal general Juan Lanchipa imputó a la expresidenta Jeanine Áñez por la presunta comisión del delito de genocidio, como consecuencia de las 20 muertes ocurridas en Cochabamba y La Paz en noviembre de 2019.
Si el exdirector de Migración Marcel Rivas hubiera sido sentenciado a tres años de cárcel en uno de los procesos que se instauró en su contra, ya habría cumplido su condena y tendría que salir en libertad. Eso pasa en la mayoría de los países con Estado de derecho, pero esto es Bolivia.
Aquí, en nuestro país, es muy fácil entrar a la cárcel, hasta con acusaciones inventadas, pero salir es tremendamente complicado. La situación de Rivas es pantagruélica, porque ya está detenido más de tres años, pero no tiene sentencia.