INTERFAZ
Octubre es mes de temblores políticos y sociales en Bolivia. La guerra del gas en octubre de 2003 derivó en la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada y su huida a Estados Unidos. El fraude electoral en octubre de 2019 desató una grave crisis política que incluyó la dimisión y fuga de Evo Morales a México y Argentina. Sí. Octubre trae remezones, de esos que hacen que la gente reflexione, asuma, actúe y se rebele.
Mientras la guerra política entre el evismo y el arcismo concita la atención de los medios de comunicación tradicionales y digitales del país, en las últimas semanas han surgido iniciativas desde las oposiciones que, en los discursos, apuntan a la unidad para enfrentar a cualquiera de las versiones del masismo en los comicios de 2025, aunque anticipan que podrían transitar por caminos diferentes hacia la conquista del poder, tal como ocurrió en las últimas cinco elecciones nacionales —2005, 2009, 2014, 2019 y 2020—.
Descalificado política e institucionalmente, con escaso respaldo popular y un enorme déficit de credibilidad, el Gobierno ha optado por recurrir a la figura y la palabra del presidente para intentar reducir la incertidumbre producto de la crisis económica, mostrar que aún existe iniciativa gubernamental y enfrentar a Evo Morales, su principal enemigo. Abusar de ese mecanismo puede generar en el gran público la imagen de soledad de Luis Arce.
El cinismo político ha llegado a niveles alarmantes en nuestro país. Los cínicos políticos se creen astutos, se ven impunes, se muestran arrogantes y actúan principalmente por interés propio, con discursos huecos relacionados con el bien común. El cinismo político no surge de la nada. En Bolivia es el resultado acumulado de décadas de corrupción, promesas incumplidas, desinstitucionalización y prácticas políticas de aprovechamiento de todo lo que aparece a su paso.
En lo que va de este año, los bolivianos hemos visto cómo el Gobierno de Luis Arce ha desarrollado una increíble capacidad de autodestrucción, no vista en anteriores administraciones, por supuesto en la era democrática. Ha protagonizado una seguidilla de acciones, con altas dosis de efecto mediático, para mostrar iniciativa gubernamental, pero buscan comprar tiempo para llegar a 2025, año de las elecciones generales, si es que se realizan, para invadir al país de promesas, sin resolver la crisis multidimensional.
El coraje que tuvieron siete de cada 10 venezolanas y venezolanos, el domingo 28 de julio, para arrinconar con sus votos a la tiranía chavista cumple un mes y ya es posible hablar de una gesta democrática porque, a pesar de la despiadada represión ejecutada por uniformados y paramilitares, siguen resistiendo y luchando pacíficamente por el respeto a los verdaderos resultados electorales que, al mismo tiempo, suponen la derrota definitiva de Nicolás Maduro y el inicio del fin de la dictadura de cuarto de siglo en Venezuela.
Quien ya tiene esa condición es Maximiliano Dávila Pérez, exdirector general de la fuerza antidrogas de Bolivia, detenido preventivamente hace dos años y medio en la cárcel de San Pedro, investigado por la DEA estadounidense desde inicios de 2019 y requerido por la justicia de Nueva York para ser juzgado por tráfico de cocaína y armas.
La carne de pollo llegó a costar 20 bolivianos el kilo en agosto, la mayor subida en los últimos cuatro años. La oferta de la tradicional mantequilla de PIL Andina se redujo al mínimo, también este mes, en supermercados, mercados y tiendas de barrio. Y es que los insumos que se utilizan para producir regularmente carne de pollo y lácteos han experimentado un aumento de precios, básicamente por la falta de dólares, la nueva realidad económica nacional. La percepción de la gente está pasando silenciosamente de la impotencia a la bronca.
Propios y extraños coinciden en que el presidente Luis Arce tiene entre sus carencias evidentes la falta de liderazgo político y de tenacidad institucional para enfrentar los grandes problemas y desafíos emergentes de su condición como jefe de Estado. Pero, la propuesta lanzada este 6 de agosto de convocar a un referéndum sobre temas que son de su competencia y responsabilidad dejó a muchos con la sensación de que la pusilanimidad presidencial alcanzó un nivel superior.