INTERFAZ
E n tres días, incluidos un sábado y domingo, el Ministerio Público rechazó el lunes 12 de junio la denuncia del Colegio de Abogados de Santa Cruz contra los ministros de Gobierno y de Obras Públicas por encubrir y no denunciar el tráfico de media tonelada de cocaína a España desde el aeropuerto de Viru Viru. La noticia era para que ambos ministros sonrían, pero no lo hicieron. ¿Por qué?
Tres hechos recientes, entre varios ocurridos en los últimos 17 años, marcan el menosprecio de los gobiernos masistas por los derechos humanos en el país, considerados éstos como base de la democracia y del Estado de derecho, por lo que su vigencia y protección debería ser esencial para garantizar el bienestar y la armonía entre los integrantes de la sociedad.
Conocidos los resultados oficiales de las pericias realizadas por un equipo de investigadores y fiscales que dan cuenta que el interventor del Banco Fassil, Carlos Alberto Colodro, se suicidó el “sábado lluvioso” y fue quien escribió la carta póstuma, surge una pregunta clave a la luz del texto de despedida redactado en dos páginas de una libreta institucional.
La renuncia del ministro de Medio Ambiente, acusado de cobro de coimas a empresas constructoras, además de otros casos que involucran a municipios y gobernaciones, han vuelto a poner en la agenda nacional el grave problema de la corrupción pública, uno de los temas de mayor preocupación de la ciudadanía y la piedra con la que han tropezado todos los gobiernos en los últimos 50 años.
“Nosotros vamos a entregar cada día una obra, esa es nuestra terea, nuestro desafío”, afirmó en abril de 2021 el ahora alcalde de La Paz en una entrevista con la red Erbol. ¿Exceso de entusiasmo? No. Un anuncio que jamás se hizo realidad y, habiendo empezado el tercer año de gestión, queda claro que fue un discurso cargado de demagogia.
Secuestros y torturas, golpizas y otras agresiones, asfixia económica, amedrentamiento, estigmatización, censura, ataques a medios de comunicación, limitación en el acceso a la información… Ejercer el periodismo en Bolivia es riesgoso porque periodistas y medios independientes son tratados como verdaderos enemigos desde el poder.
¿Se puede confiar en quien ha saboteado todos los intentos de reforma judicial desde que llegó al poder? Eso de que el Tribunal Constitucional suprima la elección popular de magistrados, se abra un proceso de negociación con las oposiciones partidarias y otros actores, y se designen a los miembros de los altos tribunales de justicia al margen de la Constitución huele fétido.
Domingo 8 de noviembre de 2020. Luis Arce asume la presidencia de Bolivia, después de haber ganado las elecciones generales con el 55,1% y luego de gruesos errores del gobierno transitorio conducido durante casi un año por la exmandataria Jeanine Áñez. Fue el último presidente en jurar al cargo en el antiguo Palacio Legislativo, en un ambiente de moderada esperanza.
Asumió hace casi dos meses, el 25 de febrero. La ruta que debía recorrer ya estaba trazada. Cabildos multitudinarios marcaron su inicial agenda de tareas. Ha intentado diferenciar-se cambiando las prioridades y se planteó una forma distinta de conducir el comité cívico más importante e influyente del país, pero no todo es como se piensa.
Los fuertes remezones económicos, las crecientes protestas sociales y las permanentes disputas políticas, sobre todo las internas, tienden a agudizarse en el corto plazo y pueden causar en el país un desorden mayor, el temido descontrol.
El gobierno de Luis Arce ha mostrado poca capacidad para encarar y resolver los problemas en esas facetas, aunque la primera reunión del presidente con la cúpula de los empresarios es una señal positiva.