El arma de la expulsión

Columna
Publicado el 25/05/2023

La renuncia del ministro de Medio Ambiente, acusado de cobro de coimas a empresas constructoras, además de otros casos que involucran a municipios y gobernaciones, han vuelto a poner en la agenda nacional el grave problema de la corrupción pública, uno de los temas de mayor preocupación de la ciudadanía y la piedra con la que han tropezado todos los gobiernos en los últimos 50 años.

Conforme se acerca el tiempo político de las primarias, proceso en el que los militantes del MAS y de otras fuerzas partidarias deben elegir a sus candidatos presidenciales para 2025, la guerra entre facciones oficialistas amenaza con tornarse encarnizada. Las señales lanzadas por evistas y arcistas en la última semana dan cuenta de que será al todo o nada.

Poco comentado, pero letal en el corto y mediano plazo, un misil político salió desde la trinchera del evismo, el martes 16 de mayo, hacia el núcleo gubernamental, tras la renuncia del ministro de las coimas. La estructura orgánica del MAS comunicó que se desmarca de la administración de Luis Arce ante la ola de denuncias de corrupción.

¿Qué hay detrás de ese repliegue? El bando de Evo Morales parece haber cumplido parte de su estrategia: afectar la imagen del mandatario en el manejo de la economía y mostrar a su Gobierno infestado de corrupción. Consiguió que ambos temas salgan del ámbito de las élites políticas y empresariales, y sean comentados por la gente (masista o no masista).

El vicepresidente del instrumento político, Gerardo García, agregó un argumento clasista para justificar la decisión partidaria. Afirmó que se arrepienten de haber apoyado a un ==k´ara en las elecciones de 2020 porque, según él, quienes vienen de esa extracción son traidores por naturaleza.

Estamos transitando el tercer mes de carencia de dólares y de no conocer el estado de nuestras reservas internacionales. A ello se suma la escasez de diésel y la subida de precios de varios productos de la canasta básica. Todo ello alimenta el descontento popular en contra del Gobierno, cuyo principal atributo era la estabilidad económica.

Arce y el aparato estatal (sobre todo en el área de comunicación) consiguieron neutralizar la ofensiva evista sacándo el jugo mediático al encarcelamiento del exministro Juan Santos Cruz, las investigaciones sobre curas pederastas y el aparente financiamiento desde el intervenido Banco Fassil a acciones políticas de la derecha desde 2019.

A fin de pasar a la contraofensiva y terminar de retirar los reflectores sobre la crítica situación económica que enfrenta el país, el sábado 20 de mayo el ministro de Gobierno encabezó una operación antidrogas en el Chapare, bastión territorial de Morales.

Eduardo del Castillo calificó la acción como “el operativo más importante y más grande efectuado en toda la historia de nuestra Patria” y afirmó que el hallazgo de 27 fábricas de cocaína, laboratorios de cristalización y una pista, además del secuestro de precursores, equipos de comunicación y otros elementos eran “la noticia más importante del año”.

Al día siguiente se evidenció que Del Castillo es un fiasco como editor periodístico, porque la “noticia del año” no fue titular de apertura en ninguno de los principales medios de comunicación del país y tampoco tuvo repercusión internacional.

El deseo del ministro, vestido con atuendos camuflados, no se hizo realidad porque, como siempre, no hubo un solo detenido y tampoco se incautó un gramo de cocaína, aspectos que tal vez le hubieran dado mayor verosimilitud al aparatoso operativo protagonizado por la fuerza antidrogas y apoyada por unidades militares.

Como ya es costumbre, el ministro simplemente tradujo el operativo en una afectación de cerca de dos millones de dólares al narcotráfico, aunque su propósito de fondo era estigmatizar más al Chapare como zona de producción de cocaína. Los narcofantasmas le quitaron relevancia al contraataque gubernamental.

Sin referirse al “operativo más importante en la historia de la Patria”, un día después, el domingo 21, Morales adelantó una nueva arremetida contra el adversario interno. En su programa dominical de radio, anticipó que, vía estatuto orgánico, el masista que aparezca involucrado en actos de corrupción será expulsado.

Es más, anunció una reunión del MAS que debatirá el tema con la siguiente sentencia partidaria: “Masista corrupto, pero comprobado, (será) expulsado, (para que) nunca más vuelva a funciones públicas mediante el MAS-IPSP”.

Viniendo de Morales, la amenaza de las expulsiones puede ser el arma para deshacerse de los arcistas y poner en jaque al “hermano Lucho”, como ocurrió en el siglo pasado con partidos políticos de carácter hegemónico como el Movimiento Nacionalista Revolucionario.

No hay que olvidar que varios artículos del estatuto orgánico del MAS han sido demandados de inconstitucionales por una diputada del arcismo. El Tribunal Constitucional, sumiso al gobierno de turno, puede fallar antes o durante las primarias, y Morales no solamente podría ser apartado, sino que terminaría sin sigla y sin partido.

Mal manejo de la economía, corrupción, desmarque partidario, operativo antidrogas, amenaza de expulsiones… La guerra en el masismo tiende a agudizarse y lo que se sabe es que el evismo posee un arsenal para disparar en contra del Gobierno al que orgánicamente ya no pertenece. 

La actual administración también tiene cosas por activar en contra del caudillo y sus seguidores, como el cierre del caso de coimas en la ABC, mientras la situación económica de la gente se complica, aunque es un tema de segundo orden para políticos en abierta disputa por el poder.

 

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