Una operación de excepción

El estado de excepción caía de maduro, aunque los acríticos fans del Gobierno ya lo felicitaban justo por no dictarlo. Difícil como fue manejar semejante trance, flaco favor se les hace a las autoridades al solo lanzarles serpentina porque hagan o porque no hagan.

El discurso oficial durante el despiadado bloqueo fue desconcertante. Bamboleos entre “el diálogo”, “la ley”; conatos de mano dura y plegarias de nunca ejercerla; y epítetos como “sicariato”, “legítimas demandas”, “narcoterrorismo”, para acabar pactando con los gruesos de los sindicados.

Sin embargo, el oficialismo calculó con astucia el agotamiento de los bloqueadores. Claro que los muertos, las familias alteñas y paceñas, los choferes, los empresarios y cuentapropistas pagaron la estrategia del desgaste aplicada. Los incidentes de 2003 y 2019 son aleccionadores, pero en los bloqueos la inacción estatal olió también a egoísmo: las consecuencias para el Gobierno se pusieron por encima del padecimiento de la gente. Evitar el mismo destino de Goni no debería dar patente de corso pasivo.

La operación de prensa al decretar el estado de excepción fue de alta cirugía. Ciertas rarezas del Decreto Supremo No. 5636 y los hechos posteriores revelan que Paz y sus colaboradores emplearon más maña que fuerza.

Ese decreto anunció el uso del palo, sin que sus mecanismos concretos entren en vigor hasta hoy. Fue igual al decreto de Evo el 2006, en su apariencia de una nacionalización de los hidrocarburos tradicional. ¿Será porque algún cerebro de esa exitosa prestidigitación asesora nuevamente? De paso, el decreto 5636 apaciguó a los militares y a los ministros aversos al grave riesgo. En realidad, solo habrá estado de excepción si se decide pasar a la ofensiva en el Chapare.

El Decreto 5636 es una curiosidad en la historia de la Gaceta (Oficial del Estado). En las firmas, asigna la calidad de “ministro proyectista” a Marco Antonio Oviedo. Ningún decreto lleva jamás esa precisión. Pero allí le entregaron a Oviedo, con su aceptación, un presente griego. Ese que dice implícitamente: “por si las moscas, el redactor fue el Tuco”.

Por otra parte, la Ley No. 1341 de estados de excepción, aprobada en 2020 (la “Ley Copa”), fue remplazada a pedido del Gobierno. El argumento –veraz– fue que estaba más bien destinada a impedirlos, fiel al objetivo del MAS en la presidencia de Jeanine Áñez, cuando fue elaborada. En 2020, no ahora, me pronuncié acerca de esos fines contrarios al bien común. Esas mis críticas resonaron estos 50 días de bloqueo. Ninguno de los que mandan hoy meditó ese problema hasta que les estalló.

La Ley Copa ponía una segunda soga alrededor del cuello de los ministros de Gobierno y Defensa en un estado de excepción por conmoción interna: “aprobar los planes específicos necesarios, bajo su responsabilidad, mediante Resolución Biministerial”. La Ley No. 1740, que sustituyó a la Ley Copa, no contiene una norma similar. Puesto que la proyectó el gabinete actual, se infiere que la consideraba perniciosa.

Y de repente, en el Decreto Dupremo No. 5636, la repudiada Resolución Biministerial de Defensa y Gobierno reapareció cual conejo de chistera. Es el requisito indispensable para la vigencia de medidas de excepción obvias, como restringir las manifestaciones públicas, portar armas de fuego, miguelitos y explosivos, o prohibir el “bloqueo de vías y carreteras…”. Aunque usted no lo crea, esa Resolución Biministerial aún no ha sido expedida, a más de una semana de dictado el estado de excepción.

Ingeniosamente, se decretó estado de excepción sin deseo ni necesidad, gracias a Dios, de activar sus medidas más características y arriesgadas. No obstante, el clamor que lo reclamaba quedó así satisfecho y los ministros reacios a firmar, sin responsabilidad concreta.

Los uniformados respiraron, seguros de que negociarían bien esa eventual Resolución Biministerial. Finalmente, los ministros del área mantienen el control de dar tiros o no. El Gobierno se mandó una operación política y de prensa excepcional. Tiene que patentarla.

El autor es abogado