Cívicos cruceños en emergencia
La Paz y Santa Cruz | El Deber
El caso Rózsa se convirtió ayer en el centro de la arena política del país. El Comité pro Santa Cruz decidió convocar a una Asamblea de la Cruceñidad para el martes 7 de julio por lo que considera “una práctica abusiva” del fiscal que investiga el supuesto terrorismo en Santa Cruz, Marcelo Sosa, que mandó a detener a tres funcionarios de la Fexpo, pese a que hay un conflicto de competencias entre jueces de Santa Cruz y La Paz.
A esto se sumó ayer el cruce de declaraciones entre el vicepresidente Álvaro García Linera, y el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, y pronunciamientos sectoriales sobre este caso judicial que van desde exigencias de más detenciones hasta alusiones sobre la presunta opción sexual de las autoridades.
La noche del lunes, en la entrega de cheques a empresarios cruceños, García Linera aseguró que las personas que se involucraron en la preparación de “grupos separatistas que querían ensangrentar Santa Cruz”, iban a ser detenidas.
Añadió que querían convertir los anillos uno y dos en trincheras armadas, de civiles enfrentándose a civiles cruceños. Acotó que Santa Cruz no necesita de cobardes que se escudan detrás de la institucionalidad para esconder sus aventuras personales. “Pero esta pequeña pandillita de vivos que quiere esconderse detrás de Santa Cruz no tiene derecho a levantar el nombre de Santa Cruz. Esos pillos no son Santa Cruz”, añadió.
Consultado al respecto, el prefecto Costas calificó de apresuradas las declaraciones de García Linera. Aseguró que las realizó porque el Gobierno está desesperado porque nota que las encuestas muestran que su popularidad ha descendido.
“El Vicepresidente es el único terrorista comprobado, que ha volado torres de energía eléctrica, gasoductos, robó la remesa de la Universidad de Cochabamba, además de cometer otros atracos a mineros en el altiplano paceño; pero no nos vamos a referir al historial de este tipo que lo que busca es seguir enfrentando", dijo. Añadió que si hoy está libre es porque hubo retardación de justicia.
Hace una semana, en una entrevista concedida a El Deber, el Vicepresidente, que reivindica su participación con el Ejército Guerrillero Túpac Katari, señaló que ‘son las paradojas de la vida’ que los que lo tildan de terrorista ahora estén bajo sospecha de haberse involucrado en terrorismo. “En todo caso me tienen sin cuidado sus críticas e intentan encubrir un hecho de involucramiento de ellos”, agregó.
Este cruce verbal desató una espiral de declaraciones. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Núñez, afirmó que García Linera no forma parte del Poder Judicial para ordenar la detención de nadie y que el fiscal Sosa era un operador político-judicial del Gobierno.
El ex presidente de la Unión Juvenil Cruceñista David Sejas, que debía declarar ayer ante Sosa, dijo que nadie debe comparecer ante el fiscal en La Paz y aseguró que quien lo haga será declarado ‘enemigo de Santa Cruz’.
Por su parte, el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Óscar Urenda, aseveró que los “únicos pillos” son los del Gobierno y recordó la vinculación de Santos Ramírez con la corrupción en YPFB.
Por su parte, el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Guido Nayar, que presentó un memorial para no declarar ante Sosa hasta que se resuelva el problema de jurisdicción entre Santa Cruz y La Paz, manifestó que no había garantías para comparecer en La Paz, que la investigación está digitada por el Gobierno y que los que se presentan a declarar lo hacen porque temen a las amenazas de Sosa de mandarlos a detener.
Desde La Paz, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, exigió al fiscal Sosa que haga más detenciones.
Imputan a tres funcionarios
El fiscal que investiga el caso de presunto terrorismo en Santa Cruz, Marcelo Sosa, imputó ayer a Mario Herrera Sánchez, Roberto Justiniano Áñez y Eduardo Sosa Chávez, todos funcionarios de la Fexpo, por el delito de terrorismo y su futuro será resuelto hoy por la jueza Betty Yaníquez antes del medio día.
Esta determinación fue tomada pese a que el ayudante de campo de la Fexpo, Eduardo Sosa, accedió a declarar y aseguró que el que autorizó el traslado de los equipos del supuesto grupo terrorista presuntamente liderado por Eduardo Rózsa del stand de Fegasacruz a Cotas, fue Enrique Vaca Pedraza, que actualmente es buscado por la fiscalía.
También prestó su declaración el empresario Asaad Daher, que fue visitado en su oficina por Rózsa “hace seis meses”. En dicho encuentro, el hombre abatido en el hotel Las Américas el 16 de abril le pidió ‘colaboración’ para la defensa de Santa Cruz. “Hubo un solo encuentro. Mi cliente recibió la visita y el señor Rózsa le pidió apoyo para la defensa de Santa Cruz. El señor Daher le dijo que Santa Cruz no necesitaba defenderse de nada ni de nadie y lo mandó a sacar con dos de sus empleados”, explicó el abogado Derrick Monroy al abandonar las oficinas del fiscal.
El fiscal dijo que no encontró “suficientes elementos de convicción”, para instruir la detención de Daher.
