Eddie Cóndor Chuquiruna

Han transcurrido 24 años desde la primera Cumbre en Miami en 1994 y seguimos siendo un continente de desigualdades ya que en casi todos los países prevalecen injusticias y deudas históricas por saldar. Nuestros gobernantes lo saben y un sector importante de la población lo permite y alienta por ignorancia o beneficios. Al sur del río Bravo, los casi 650 millones de habitantes en 33 países, vivimos en persistentes déficits de igualdad política y social, pero sobre todo de institucionalidad democrática; situación que favorece la concentración y abuso de poder, la corrupción y la impunidad.

Insistimos, por esta persistente situación, en la necesidad de crear y poner en vigencia mecanismos eficaces para el seguimiento de los principios de la Carta Democrática Interamericana (CDI) así como los convenios y protocolos que en materia de derechos civiles y políticos ha establecido el Sistema Interamericano; en la perspectiva de incorporar -de manera real- la participación social en los procesos de toma de decisiones en nuestros países y continente. El Foro Ciudadano de las Américas y la Relatoría para la Democracia, permanentes y con carácter vinculante, fortalecerían la democracia y la política en nuestras naciones. Propongo democratizar las decisiones que concentran los gobiernos y no de instrumentalizar la participación social a través de espacios formales, pero cada vez más restrictivos y hacer creer que la “sociedad civil organizada” decide.

En ese sentido, “gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, reseña de la Cumbre de Lima, del 13 y 14 de abril, resultará inviable sin la vocación de los gobiernos para ejercitar los mandatos del artículo 27 de la CDI, referidos al papel de la OEA frente a la gobernabilidad, la buena gestión, los valores democráticos y el fortalecimiento de la institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil, a fin de asegurar la libertad y la justicia social; y del primer considerando de la Convención Interamericana contra la Corrupción "de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos".

Por lo anterior, respaldamos a Luis Almagro cuando define que “la OEA no puede ser una organización de uso neutral, la OEA tiene que ser la expresión del compromiso con el más pleno respeto de cada una de estas fundamentales herramientas e instrumentos que tiene la organización”. Si los Estados, a través de sus gobiernos, no han sido capaces de comprender y apoyar esta perspectiva deben ceder espacio a la participación social informada inclusiva y plural a fin de construir otras formas de afirmar la gobernabilidad democrática -pero sin corrupción- en las Américas.

Se estima que las empresas y los individuos pagarían 1,5 billones de dólares en sobornos cada año. Hoy la corrupción es considerada como la nueva amenaza transnacional. Es institucional y tiene raíces en la burocracia y la falta de transparencia que genera un tremendo impacto sobre la población en situación de vulnerabilidad, la política, la economía y el desarrollo.

En nuestra América existen estados en los que la rendición de cuentas es nominal, debido al declive de sus instituciones contraloras y fiscalizadoras, como consecuencia de la concentración del poder, el autoritarismo y el continuismo; y en otros casos, utilizando los instrumentos de la democracia, por conveniencia de los gobernantes de turno.

Frente a ello, se necesita una acción integral y colectiva de los Estados frente a un escenario de corrupción sistémica y global. La cooperación judicial bilateral y multilateral a través del fortalecimiento de su marco normativo puede ayudar hacer frente a este problema; considerando los objetivos de desarrollo sostenible adoptados por la comunidad internacional en la Agenda 2030. Las experiencias de la Unión Europea y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, son referentes.

Para que la Cumbre de Lima sea útil, los debates y acuerdos deben partir de la comprensión de que la corrupción altera los resultados previstos para las políticas públicas desviándolos hacia fines delictivos y que el ciudadano cada vez pierde más confianza en la política y el sistema democrático. También deben incentivar la transparencia y facilitar la participación de diversos sectores de la sociedad en la planificación e implementación de políticas nacionales y regionales. No hacerlo es seguirle negando, a la población, la posibilidad de lograr su desarrollo, el acceso a servicios básicos y el ejercicio de sus derechos.