Agosto

En este agosto conocimos que las empresas estatales tienen pérdidas y aunque desde el Ejecutivo se afirme lo contrario, queda la duda. Toda empresa precisa de un tiempo prudencial para funcionar a plenitud, pero no debemos olvidar que fueron creadas con créditos blandos y por tanto ese lapso debería ser menor. Es comprensible que no haya ganancias, mas no es aceptable que no se informe cómo va el pago de la deuda.

Si hablamos de enviados y orejas, no deberíamos hacer mayor problema en ninguno de los casos. En uno se hiere a quienes profesan la fe y en el otro es una simple frase que toca sensibilidades, pero no es motivo para esgrimir el garrote de la discriminación. Si así fuese, muchas autoridades que descalifican a otros ciudadanos ya tendrían que haber rendido cuentas.

Se ha dejado como si no se quiere que haya una ley contra los mentirosos. Y desde que está en la Constitución el principio de no mentirás (ama llulla) hasta que sería factible en esta democracia devaluada. Como el Ministerio Público y la justicia están al servicio del poder,  sería arma nueva contra los libres pensantes que no tendrían derecho a la debida defensa, y ejemplos para justificar la sospecha existen. Mejor elaborar una ley de acceso a la información.

Hay dos sucesos que merecen una toma de posición. Uno es el hecho de que los miembros de la Comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza no hayan podido ingresar al Polígono 7 en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). No hablamos de miembros del odiado imperio y sí de pares que nacen a la vida en el encuentro de Tiquipaya que promovió este Gobierno. Lo que nos dice esto, además del posterior reconocimiento oficial de que allí se cultiva coca y hay pozas de maceración (narcotráfico), es que en nuestro país están vigentes las republiquetas, las zonas libres del Estado con el beneplácito de quienes lo representan. Y esto es grave.

En el Tipnis vive gente a la que se debe respetar en sus derechos, en sus usos y costumbres que son tan valederos como los de los aimaras o de los quechuas. Y están siendo avasallados, colonizados, irrespetados en sus derechos humanos y en su derecho a la vida.

Que el Estado crea necesaria una carretera, pues bien. Pero que sea una carretera que cumpla una función de integración y no de colonización cocalera. Viaducto y nadie se opondrá.

El otro es el que da cuenta de la demanda de una de las administradoras de fondos de pensiones. Ese tema no debería ser político partidario. Los que aportan son del MAS como de otros partidos. Hablamos de la vejez digna de los bolivianos, que está en peligro no solo por esa demanda internacional, y sí porque, traspasado el negocio, el Gobierno se convertirá en juez y parte; y es posible que haya un uso discrecional de los aportes como ha sucedido con las Reservas Internacionales. ¿Los de la Central Obrera Boliviana qué opinan? ¿Y usted?

El autor es periodista