Informe señala que Contreras no cumple con el manual de funciones
Un proceso administrativo y dos penales se tiene en contra de funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía de Cochabamba por el delito de designaciones ilegales. El último caso corresponde al secretario ejecutivo, Alex Contreras. La Secretaría de Asuntos Jurídicos emitió un informe que confirma la falta de título profesional del servidor.
“De la revisión de antecedentes acompañados al Oficio STR-0291/18, se verificó que los mismos dan cuenta del presunto incumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Funciones de la Secretaría Ejecutiva”, señala el informe legal D.P.C.P. Nº0094/2019
El mismo documento hace mención al Manual de Funciones aprobado mediante el Decreto Municipal 036/2015. Señala que se exige el cumplimiento de los siguientes requisitos: “formación académica a nivel licenciatura con título en provisión nacional en Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias Sociales o ramas afines”.
Sin embargo, no se habría encontrado este documento en el expediente que presentó Contreras. El informe legal indica que acompañó la siguiente documentación: diploma de bachiller en humanidades, libreta de redención y una nota que hace referencia a que “no cursa el título en provisión nacional del servidor público mencionado”.
Es por este motivo que el informe recomienda el apersonamiento del municipio al proceso penal que inició el concejal del MAS, Sergio Rodríguez.
“Se solicita a su autoridad se sirva emitir un memorándum de instrucción para el apersonamiento al proceso penal iniciado por el concejal Sergio Rodríguez”, indica el documento.
En tanto, el alcalde suplente temporal Iván Tellería manifestó que quien no cumpla con su manual de funciones será retirado del cargo. “Se tiene unas exigencias que deben ser cumplidas. Caso contrario, no pueden ejercer el cargo”, manifestó.
Denunciante
El concejal Rodríguez señaló que con el informe legal emitido por la propia Alcaldía correspondería la renuncia de Contreras o su destitución. Además, pedirá a la Contraloría que investigue el hecho para determinar el daño económico a ser devuelto por el funcionario al municipio.
“Le vamos a pedir a la Contraloría que se constituya en parte, a través de un requerimiento Fiscal. Se debe determinar el daño económico al municipio”, manifestó.
Además, Rodríguez indicó que se solicitó a la Alcaldía el informe de 100 contratos que firmó Contreras sin licitación. “Hemos pedido los contratos, porque firma como licenciado. Y no nos han pasado. El informe está incompleto”, agregó el legislador.
Contreras es el único secretario que permanece designado desde el inicio de la gestión de Leyes. Fue considerado una persona de confianza. Los Tiempos intentó comunicarse con él, pero no contestó el teléfono.
Otros casos
La presunta designación ilegal de Contreras no es la única acontecida en el municipio. La exintendenta Luz Rojas también es procesada, pues no cuenta con título.
Lo mismo ocurrió con la exsecretaria de Desarrollo Humano, Andrea García, quien tuvo un proceso administrativo por no tener su título en provisión nacional en vigencia al momento de su nombramiento.
A esto se suma que la concejal Celima Torrico también denunció la presencia de profesionales de otras áreas, que no son salud, en la secretaría de Salud.
Precisamente, la autoridad también fue denunciada por la designación de Contreras. Al igual que el exsecretario que firmó el memorándum para que Rojas funja como exintendenta, pese a que sólo cumplía con la exigencia que le había hecho el alcalde Leyes.
"Nos ha llegado el informe legal al Concejo, pero no está completo. Faltan los 100 contratos sin licitación que Contreras firmó como licenciado. Pediremos a la Contraloría que determine lo que deba devolver". Sergio Rodríguez. Concejal
ANÁLISIS
César Cabrera. Abogado Constitucionalista.
La exigencia es expresa y, si no cumple, debe dejar el cargo
Las normas se han hecho para cumplirlas. Si el Gobierno municipal tiene un manual de funciones en el que exige ciertos requisitos profesionales, tienen que cumplirse. Porque un ciudadano común no puede ocupar ciertos cargos, como una Secretaría Financiera; se requieren conocimientos.
Por ética, el funcionario debería renunciar a su cargo.
El deber del funcionario público es dar el ejemplo en un acatamiento jurídico.
La exigencia es expresa y, si no se cumple el requisito, se debería pedirle que deje el cargo y así colocar a una persona idónea.
