Centralismo, complicidad y oportunidad para la ilicitud

La forma en la que se negocia puede determinar la (in)satisfacción del comprador y, más allá del monto en dólares o bolivianos que estipula un contrato, los detalles en las cláusulas son aspectos cada vez más oscuros en el proceso de preventa y de compraventa de departamentos. Así ha sido desde la última década de los años noventa y hoy en día se refuerza mucho más con la posibilidad de construir edificios sustentables en base a una Ley Municipal y Reglamento muy cuestionados técnicamente por especialistas del área.

Lo peor de todo, es que las construcciones que se aprueban no se ajustan a la norma urbana, principalmente por la picardía criolla de algunos propietarios y constructores, y la falta de principio de autoridad de quienes, circunstancialmente, ejercen funciones en las autonomías municipales, y los constructores ven como algo normal vulnerar la normativa municipal. Ello es posible porque los gobiernos autónomos municipales no cuentan con el recurso humano técnico para frenar la ilegalidad que, con el paso de los años, se vuelve legal por las amnistías que los órganos legislativos aprueban mediante leyes municipales, cuando lo correcto debería ser que ordenen la demolición, como ocurre en gran parte de ciudades gobernadas por quienes tienen contenido de prestación y de misión, y no por comerciantes de la política.

Parece ser que mientras más construcciones se ejecutan, más alto sería el beneficio para algunas autoridades y servidores públicos que, sin mayores complicaciones, atienden las peticiones para legalizar lo ilegal, despachando los trámites en menos de que cante un gallo y así ocurre en los gobiernos locales de Cercado, Quillacollo y Sacaba.

A lo anotado, se suman las empresas que brindan servicios, ya que proceden a instalar energía eléctrica o agua potable en lotes y construcciones que no tienen el derecho propietario registrado, lo que ahonda mucho más los inconvenientes de ilegalidad y consiguiente vulneración de los criterios técnicos municipales.

Ya en 2012 la aplicación de la Ley de Regularización del Derecho Propietario destinado a Vivienda quebrantó la Constitución Política del Estado (CPE), y ahora desde el nivel central del Estado se pone en marcha el programa “Mi Barrio, Mi Hogar” que ignora la participación de los gobiernos locales de ciudades que tienen 11 concejales, lo que en los hechos significa que los alcaldes serían ignorados por el gobierno central.

Es más, el Vicepresidente del Estado anunció que en los próximos días se implementará el programa “Mi Luz” vinculado a la electrificación de todas las zonas urbano-rurales del Estado y a dotar del servicio de energía eléctrica a las viviendas sin importar si éstas cuentan o no con registro de derecho propietario, y entonces, las autoridades del nivel central, en complicidad con autoridades locales, desarrollan actos de ilegalidad que violentan principios constitucionales de coordinación y lealtad institucional, entre otros, además de desconocer competencias exclusivas de los gobiernos de los gobiernos municipales establecidos en los arts. 270., 271.  302. de la CPE, lo que equivale a indicar que el gobierno fomenta ilicitudes que son actos propios de corrupción. Así vamos, así estamos.

El autor es abogado y docente universitario.