Entre la seguridad y la libertad

Un implacable enemigo invisible que obliga a los Gobiernos a adoptar medidas que, en otras circunstancias serían consideradas como violentas para las libertades civiles y poco favorables para la economía, nos impone –de manera individual y corporativa– un comportamiento que rompe con arraigadas rutinas y costumbres. Esto significa que el tan mentado nuevo coronavirus cambia nuestras vidas en forma radical.

Esta pandemia, la más desafiante de la historia reciente de la humanidad, pone de manifiesto dos difíciles dilemas, tanto para las personas particulares como para los responsables de diseñar y aplicar políticas públicas: el dilema entre los valores de la seguridad (entendida como la resistencia a una grave amenaza a nuestra salud) y la libertad y el dilema entre el cuidado de la salud y la preservación de la actividad económica.

Estos dilemas crean dudas fundamentales sobre cuál es el camino a seguir, a sabiendas de que la pretensión de alcanzar la meta de vencer al virus y a la enfermedad no se puede lograr sino a costa de algunas o varias de nuestras libertades y de un impredecible sacrificio económico.

Por el momento, la gran mayoría de los países ha optado por priorizar la seguridad y sacrificar las libertades y la economía. Seguir las disciplinas impuestas por las cuarentenas, y otras medidas de aislamiento, supone dejar de ejercer algunos derechos –como el derecho a la libre circulación y el derecho a reunirse con otras personas– que todos defendemos con mucha decisión.

Asimismo, aislarse en el domicilio propio y dejar de concurrir a los sitios de trabajo, supone que muchas actividades económicas quedan en suspenso y, por consiguiente, la producción y el intercambio de bienes y servicios decaen dramáticamente.

Dada esta difícil coyuntura, los Gobiernos se esfuerzan en lograr, hasta donde sea posible, un equilibrio entre estas fuerzas contradictorias. Sin embargo, nadie puede garantizar que este equilibrio se alcance, por lo cual sigue y seguirá pendiente el interrogante de cuán alto será el costo económico y el costo en libertades individuales y armonía social de esta obligada contienda con el enemigo invisible, para el cual no existen ni fronteras ni diferencias económicas y sociales.

Para nuestros gobernantes –obligados a imponer medidas cuyo cumplimiento nos exige un esfuerzo inédito– existe otro dilema: ejercer su autoridad (tanto normativa como ejecutiva) amenazando con castigos duros o provocando miedo con anuncios de males por venir, o ejercer su autoridad valiéndose de la persuasión para lograr el acatamiento voluntario de las medidas impuestas.

La amenaza y la explotación del miedo no siempre provocan buenos resultados. Mayores frutos rinden la persuasión amigable y la incitación a la solidaridad.

El autor es exviceministro de Relaciones Exteriores