Defensa de la vida y de la democracia

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un pronunciamiento mediante el que se intenta postergar –una vez más– la realización de las elecciones generales fijada para el próximo 6 de septiembre de 2020 ¿Qué llevó a decidir –con disidencia de algunos vocales– y de manera unilateral otra fecha de elecciones? ¿Es legal y justa esa decisión? Las dimensiones para explicarlo son jurídicas, políticas y sociales.

En el ámbito jurídico, una resolución del TSE no puede estar por encima de la Constitución Política del Estado y las leyes. La resolución del TSE es contraria a esa pirámide jurídica: no puede estar por encima de la Ley 1304 que fija el límite máximo del domingo 6 de septiembre de 2020 para la realización del acto electoral (Art. 2). Si se desea proponer una nueva postergación el TSE debe solicitar la modificación de la ley 1304 justificando técnicamente su propuesta; no basta un simple pronunciamiento.

Es más, la Ley del Órgano Electoral Plurinacional señala que es atribución del TSE “convocar a procesos electorales de periodo fijo establecidos en la Constitución Política del Estado, fijando la fecha de realización de los comicios y aprobando el calendario electoral correspondiente. Todos los demás procesos serán convocados mediante Ley expresa” (Art. 24, Núm. 7). Siguiendo esa definición, en las anteriores ocasiones de postergación de las elecciones se aprobaron leyes expresas por tratarse de un régimen “especial” producto de la anulación de los resultados de las elecciones de periodo fijo de octubre de 2019. Además, la Constitución Política del Estado establece la necesaria coordinación entre órganos del Estado (Art 12, parágrafo I). Es decir, la decisión del TSE no sólo estaría violando la ley, sino que vulnera la propia Constitución Política del Estado. Por tanto, el TSE está en la obligación de coordinar con la Asamblea Legislativa Plurinacional y solicitar la aprobación de una nueva ley expresa, lo cual no hizo en franco desafío al Estado de derecho.

En la dimensión política podemos advertir, sobre el TSE, innumerables “presiones” de actores políticos que pretenden prorrogar el mandato del régimen imperante, pese a que se sabe de la urgente necesidad de conformar un nuevo gobierno con fuerte legitimidad proveniente de las urnas. Esta necesidad deviene de la pésima gestión gubernamental de la crisis sanitaria y de la confluencia de múltiples problemas sociales, económicos e institucionales que permiten caracterizar a la situación actual como de crisis nacional general.

El otro elemento es que con mucho esfuerzo el TSE logró un amplio acuerdo para la realización de las elecciones el 6 de septiembre; esfuerzo que no se refleja en su última decisión que abre las puertas para la postergación indefinida de la recuperación de la institucionalidad democrática.

Finalmente, la inadecuada política en salud, la paralización del aparato productivo en el país, el congelamiento de la inversión pública, la nula transparencia en el manejo de los recursos financieros y económicos, los actos de corrupción en las empresas del Estado y en la adquisición de bienes destinados a enfrentar la pandemia (por ejemplo, el caso de los respiradores), no muestran un panorama que sea alentador.

En consecuencia, a las presiones políticas sobre el TSE se suma una gestión del nivel central del Estado que hizo muy poco –o nada– en la defensa de la vida y la salud de la democracia, privilegiando medidas represivas, de persecución política y limitación de los derechos humanos (denunciadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU). Bolivia no está en condiciones de esperar que eso cambie mientras no tengamos un Gobierno con fuerte legitimidad.

La crisis ha tocado fondo. Todo el esfuerzo ciudadano en la cuarentena no se correspondió con un acompañamiento desde el gobierno central que sólo interpela al miedo para prorrogar su mandato. Cada vez hay más personas que sufren por la pésima gestión de la crisis, en todos los planos, y que exigen soluciones que un régimen como el actual no puede generar.

Defender la vida es una apuesta por el bien común; es el diseño estratégico para enfrentar la crisis múltiple y una de sus variables fundamentales es la elección de nuevas autoridades en el plazo más breve posible. No hay nada que contraponga salud y democracia. Al contrario, defensa de la vida implica restituir la institucionalidad democrática y la recuperación de la democracia es precautelar la salud, es el respecto a los derechos humanos, es enfrentar el hambre y la disminución de los ingresos económicos del pueblo boliviano.

Sólo nos tenemos a nosotras y nosotros. No nos dejemos atrapar por el miedo y los cálculos mezquinos, vengan de donde vengan. Defendamos la vida y la democracia.

El autor es ciudadano del Estado Plurinacional y sociólogo