Las alianzas público-privadas, mucho más que un salvavidas

Según la revista América Economía, entre 2006 y 2017 Bolivia habría recaudado cerca de 41 mil millones de dólares como resultado de la venta de gas. Los mayores ingresos corresponderían al lustro 2009-2014, periodo en el que precio internacional del barril de crudo se mantuvo por encima de los 100 dólares. Una buena parte de estos ingresos fue utilizada por el anterior Gobierno para financiar el desarrollo con proyectos de infraestructura caminera, ferroviaria e industrial.

No obstante, a partir de 2018 las recaudaciones del Estado, principalmente aquellas provenientes de las industrias de hidrocarburos y minería, han venido sufriendo una caída estrepitosa debido a la baja en el precio del crudo y la cotización internacional de los minerales, y por supuesto la pandemia de Covid-19 ha agravado esa tendencia negativa.

Todo ello ha ocasionado que el Estado cuente con cada vez menos recursos públicos para invertir en proyectos de infraestructura conducentes a atender a las necesidades inmediatas de la población (hospitales, escuelas, servicios básicos, etc.) y para reactivar la economía (Viru-Viru Hub, Tren bioceánico, etc.), quedando al mismo tiempo de manifiesto la enorme importancia que tendrá la inversión privada en los años venideros, puesto que muchos de dichos proyectos solo podrán concretarse gracias a ella.

De hecho, la severidad de la tendencia negativa ha sido tal, que inclusive el gobierno del MAS, el cual por más de una década ahuyentó a la inversión privada, decidió instituir un régimen que permitiera la participación de capitales privados en proyectos públicos de impacto social. En ese sentido, el 24 de enero de 2018 Morales promulgó el Decreto Supremo 3469, que autoriza la formación de alianzas público-privadas (APP) para el desarrollo de proyectos entre en nivel central del Estado y las entidades autónomas territoriales (gobernaciones y municipios) con el sector privado.

Es importante destacar que el régimen de APP, en sus distintas modalidades, ya ha sido adoptado con éxito en toda la región. En efecto, nuestros vecinos llevan décadas utilizando a las APP para desarrollar sus grandes proyectos de infraestructura caminera, aeroportuaria, hospitalaria y de servicios básicos, con un importante impacto en países como Chile, Colombia, Ecuador, y más recientemente, con inmejorables resultados, en Perú, donde tan solo en 2018 se habría adjudicado proyectos por 3,1 mil millones de dólares bajo la modalidad de APP.

De esa forma, habiéndose dado el paso más importante –la emisión del Decreto Supremo 3469– ahora resulta esencial que el próximo Gobierno: (i) genere un marco regulatorio más completo y ajustado a nuestras necesidades como país; (ii) instituya una agencia pública desconcentrada para identificar oportunidades y coadyuvar en la formación de las APP; y (iii) establezca condiciones favorables para que los inversionistas privados desarrollen los proyectos de infraestructura que han quedado en papel, y que tanta falta hacen.

Por otra parte, las APP, además de un necesario salvavidas para nuestra economía, representan una oportunidad inmejorable para los inversionistas privados, pues en adición a las ganancias que estas les podrán generar, les permitirán compartir su conocimiento técnico y gerencial, aportando valor agregado y mayor eficiencia técnica al Estado Plurinacional, mejorando la productividad y la competitividad del país, mientras aportan al bienestar de todos los bolivianos.

El autor es abogado especialista en negocios e inversiones