21060: la vigencia de un decreto satanizado
Derogado por partes desde el primer año de gobierno del MAS y símbolo del neoliberalismo tan repudiado cuando se trata de proclamar las virtudes de un socialismo difuso, el Decreto 21060, promulgado hace 36 años, mantiene hoy una vigencia evidente en los resultados de estabilidad de las políticas económicas de todos los gobiernos que se sucedieron desde 1985. Y también en otros elementos cuyas consecuencias pueden ser menos positivas.
Hace 10 años, Morales promulgaba un decreto para revertir las normas de “20 años de neoliberalismo” y que enunciaba “la eliminación completa de toda disposición o consideración legal fundamentada en el Decreto Supremo 21060 del 29 de agosto de 1985”.
Lo cierto es que los lineamientos principales del 21060 se mantienen intactos. Algo similar ocurre con otros pilares sobre los que se sostiene la economía nacional. Ejemplo de ello es la preocupación del actual Gobierno por reducir el déficit fiscal y el mantenimiento de muchas de las cortapisas que heredó de sus antecesores para disponer de los excedentes provenientes de la renta hidrocarburífera. Es el caso de los diferentes bonos, cuya esencia se ha conservado desde hace más de 20 años.
En términos prácticos, los bonos, así como los procedimientos establecidos para distribuir los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), son una especie de dique de contención a la libre disponibilidad de una parte sustancial de los recursos públicos. Eso explica en gran medida que Bolivia haya seguido un camino diferente al de Venezuela o de Argentina, por ejemplo.
Hay algunos elementos del espíritu de ese decreto, cuya vigencia al momento de ser promulgado estaba prevista para 20 años. Algunos de ellos son: la liberalización del mercado, la desregularización de precios, la política de fomento a las exportaciones y la reducción del número de impuestos que antes de 1985 sumaban cerca de 300.
Pero existen otros rasgos del espíritu del Decreto 21060, cuya vigencia es menos alentadora en la perspectiva, a mediano y largo plazo, del futuro económico del país.
Uno de ellos es la continuidad e intensificación del modelo extractivista, especialmente en el sector minero, abierto a la inversión extranjera directa, la acumulación privada de capital, y la explotación de esos recursos incluso en el marco de la ilegalidad, como ocurre en el Cerro Rico, por encima de la cota 4.400. Ese es un ejemplo de la no intervención del Estado, al mejor estilo neoliberal, aunque, en este caso, por omisión.
