Fiscales buscan mayor coordinación para combatir migración irregular en Latinoamérica
Varios fiscales generales de América Latina se reunieron ayer en Panamá para buscar fórmulas que permitan un mayor intercambio de información para combatir las mafias que promueven la migración irregular, en momentos en que la frontera panameña se ha visto desbordada por irregulares.
"Es necesario promover la cooperación jurídica internacional y la transmisión espontánea de información para facilitar el impulso de las investigaciones de carácter transnacional" contra los traficantes de migrantes, dice una declaración firmada por los altos funcionarios reunidos en Panamá.
Además, el texto firmado por los fiscales de Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Honduras, Guatemala y Panamá señala la importancia de impulsar "la conformación de equipos conjuntos" para facilitar el "intercambio de información de manera permanente y oportuna".
"Esta reunión va a posibilitar que tengamos un intercambio de información fluida que nos permita identificar realmente aquellos grupos que actúan de manera transnacional" y que forman "redes criminales con incidencia en varios países", señaló el procurador general encargado de Panamá, Javier Caraballo.
La reunión en el país centroamericano se produce en momentos en que miles de migrantes cruzan la inhóspita selva del Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia.
Esta jungla panameña, de 575.000 hectáreas y sin vías terrestres de comunicación, se ha convertido en un corredor para la migración irregular que, desde Sudamérica, cruza América Central en su ruta hacia Estados Unidos.
En lo que va del año han transitado por el Darién más de 65.000 migrantes, 25.000 tan solo en el mes de agosto, según el ministro de Seguridad panameño, Juan Pino.
La mayoría son haitianos y cubanos, aunque también hay asiáticos y africanos.
Ante el inacabable flujo de migrantes, las autoridades colombianas y panameñas fijaron cuotas para dejar pasar a 500 personas diarias desde septiembre.
Los fiscales buscan ahora una mayor coordinación para investigar, enfrentar y enjuiciar a los traficantes de personas, aunque reconocen que la tarea no será fácil.
"Nosotros no vamos a resolver un problema de tráfico de migrantes de un momento para otro porque hay asuntos de carácter político que también le corresponden a los países", señaló el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa.
Los asistentes al encuentro destacaron que la coordinación y cooperación de los entes investigadores es una "prioridad" por el "notable aumento" de las organizaciones criminales que "explotan la vulnerabilidad de las personas en situación irregular".
Para combatir este problema, pidieron facilidades para movilizarse por la región, para poder investigar los delitos relacionados al tráfico de personas y recibir denuncias.
La información "tiene que ser homologada y tiene que intercambiarse entre cada uno de nuestros países", indicó la canciller panameña, Erika Mouynes.
