Las cifras que ya no conmueven

Las cifras ya no nos conmueven. Pasa en el caso de la pandemia de Covid-19 y en relación con los incendios forestales en Bolivia. Hay muchas cifras y datos que luchan para persuadirnos de que las cosas andan igual o un poco mejor que antes. Pero en realidad, lo que logran es acostumbrarnos a la idea de que los incendios y a la muerte son parte del ciclo normal de nuestras vidas.

Por ejemplo, durante el mes de agosto de este año hubo 64.504 focos de calor en todo el territorio nacional. Una de las cifras más altas de la última década. Siendo que la mayoría de éstos se centraron en Santa Cruz; departamento que, sin lugar a duda, se convirtió en el “motor de quemas de Bolivia”.

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) señala que en todo el país la superficie arrasada por el fuego entre enero y agosto de este año sería de 1.407.914 hectáreas. De ellas 947.724 hectáreas corresponden a Santa Cruz. La Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la gobernación de Santa Cruz da una cifra más baja de 840.000 hectáreas quemadas en lo que va del año.

Según los datos hasta agosto del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y de la ABT, este año es tan malo como el año pasado. Casi un millón y medio de hectáreas calcinadas. Pero ¿cuánto es un millón y medio de hectáreas? Es como si la mitad de la superficie del departamento de Tarija se hubiera quemado. En el mundo hay 40 países sobre un total de 193 que tienen una superficie menor a un millón y medio de hectáreas.

Lejos de alarmarse por la superficie quemada, las autoridades de la ABT minimizan la magnitud del fuego diciendo que sólo el 18% de esa superficie son bosques. ¿Es que acaso no hay vida en el restante 82% de la tierra que está siendo quemada? ¿No hay animales y seres vivos en los pastizales, matorrales, arbustos y otros que se queman a lo largo de más de millón de hectáreas? ¿No tiene ningún efecto sobre el medio ambiente, el aire y el cambio climático que el fuego devaste más de un millón de hectáreas?

Según los datos de la ABT, de esta enorme cantidad de tierras quemadas hasta finales de agosto, unas 322.699 hectáreas corresponden a áreas protegidas. La Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC) y el Observatorio del Bosque Seco Chiquitano (OBSC) dicen que es más del doble: 710.281 hectáreas quemadas en áreas protegidas. El territorio protegido más afectado es el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías. Para la ABT se ha quemado el 9% del ANMI San Matías, para la FCBC es el 14% que ha sido calcinado.

La segunda área protegida más afectada, que no figura en las estadísticas de la ABT, es Ñembi Guasu que fue creada en 2019, por ley del Territorio Autónomo Indígena de Charagua. En tercer lugar, está Otuquis. Estas tres áreas protegidas concentran más del 90% de la superficie quemada en áreas protegidas.

Las áreas protegidas se crearon para proteger ecosistemas considerados cruciales por la biodiversidad que sostienen y por las funciones sistémicas que cumplen, no para ser quemadas. Esta gran cantidad de superficie quemada en las áreas protegidas es un indicador de que las políticas nacionales de desarrollo agropecuario andan claramente descarriladas.

Y es que los incendios de pastizales y bosques no son hechos fortuitos, sino que están siendo promovidos en primer lugar por la actividad ganadera, que quema con el propósito de habilitar tierras para el ganado con el sueño de exportar carne a la China. Según la ABT el tipo de propiedad que más se está quemando es la ganadera: 325.952 hectáreas sobre un total de 521.497 hectáreas quemadas en propiedades agrarias.

Esos datos complementan el último informe del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Los que más queman son los grandes propietarios. Sólo en San Matías, 36 propiedades “empresariales” han quemado 103.696 hectáreas

Para frenar los incendios, el Gobierno debe suspender toda exportación de carne de Santa Cruz y proceder a realizar un estudio de evaluación de impacto ambiental integral con el fin de determinar los límites de la exportación de carne y definir las medidas necesarias para que la actividad ganadera no siga atizando el fuego en Bolivia.

Los autores son investigadores y activistas socioambientales