El rey desnudo

El Censo de Población y Vivienda terminará mostrando al rey desnudo (el Estado), con todas sus miserias existenciales. El gobierno central ha ocultado y falseado la información sobre el censo y esto genera susceptibilidades en un asunto de interés general. El proceso censal casi se ha convertido en un secreto de Estado (en dos reuniones prohibieron el ingreso y uso de celulares) cuando no sólo tiene que ser serio, objetivo y real sino, fundamentalmente, transparente y de dominio público. 

La transparencia debe generar la confianza que tanto necesita la recolección de información general. El acceso a la información pública se ha convertido en un derecho fundamental para todos los ciudadanos que deseen buscar y recibir información del Estado. El ejercicio de este derecho fortalece la participación ciudadana, las políticas públicas y la gobernabilidad. La necesidad de transparentar el proceso censal va mucho más allá de “el derecho a saber” o “romper con la cultura del secreto”, que aún prevalece en el Estado boliviano.

El proceso censal debe concluir con un gran pacto fiscal, previsto en la Ley Marco de Autonomías, y que el gobierno del MAS ha venido incumpliendo sistemáticamente desde 2010. Sin embargo, en cuanto se tenga que partir y compartir la torta (los recursos económicos), se desnudará la carencia de ingresos y la necesidad de contar con recursos suficientes para compensar a los departamentos más pequeños y evitar mayores asimetrías económico-sociales. 

En general, el Estado tiene dos tipos de ingresos: los tributarios comunes y corrientes y los ingresos provenientes de las empresas públicas, que pueden estar o no estar asociadas a la explotación de yacimientos de distintas clases de recursos naturales. En una entrevista en la plataforma “Al Revés”, el ingeniero José Padilla Rojas establecía que las empresas públicas no sólo que no son rentables, sino que arrastran pérdidas, y que muchas veces no cubren sus propios costos operativos y gastos corrientes. Pero la crisis económica se pondrá al rojo vivo cuando este año terminen los contratos de venta de gas con Brasil y Argentina. En Argentina comenzará a funcionar Vaca Muerta, que no sólo permitirá su abastecimiento interno, sino que puede llegar a exportar a Chile y Brasil y con ello terminará la era de la bonanza económica boliviana.

El entrevistado Padilla Rojas fue categórico en el sentido de que el modelo económico del MAS ha fracasado y esta situación se reflejará en el Censo de Población y Vivienda; además, las trampas que se han hecho y la posibilidad de un nuevo fraude electoral. Y recuerda que la subvención de la gasolina y el diésel es cada vez mayor (ahora se estima en 4 mil millones de dólares). El otro gran problema, según el experto energético, es que la generación de energía depende del 71% del gas natural (y como el gas se ha hecho gas) y no se tomó ninguna previsión para reemplazar el gas natural por energías sostenibles. Y para sintetizar esta descripción nada alentadora, las reservas internacionales han caído de 15 mil a 4 mil millones de dólares. 

En este contexto, se puede pronosticar que la posibilidad de un pacto fiscal que reduzca las inequidades y asimetrías existentes en nuestro país será la madre de las batallas. En cualquier caso, como sostiene Iván Velásquez, Bolivia debe consensuar un pacto fiscal y social, pero además debe orientar sus políticas públicas para lograr una mayor igualdad de oportunidades (“Pacto fiscal para promover la equidad desde la perspectiva de la teoría”, en Pacto Fiscal, Konrad Adenauer Stiftung, 2013). Se necesita un orden democrático en el que la orientación del desarrollo plasme la voluntad de la mayoría y haga posible la participación de todos los actores de la sociedad. Se trata de un conjunto de políticas económicas que se debe aplicar con visión de largo plazo en el ámbito productivo, laboral, territorial y social, que procure la igualdad de oportunidades.

La proyección y edificación del pacto fiscal será un proceso complejo y muy controvertido porque exige una planificación por resultados, con visión de largo plazo, y transversal a más de una gestión de gobierno entre los principales actores: el gobierno central y los gobiernos departamentales, municipales, universidades y pueblos indígenas.