Vidrios polarizados en Bolilandia

En Bolivia la Policía está al servicio del pueblo. Los ciudadanos confían y se sienten protegidos cuando los efectivos actúan en defensa de sus derechos. Pero en Bolilandia es todo lo contrario. Las personas tiemblan cuando se acercan los policías. Sienten que serán asaltadas o extorsionadas con o sin razón. La corrupción se tiñe de verde en ese pobre país. Ahora están buscando otra forma de sustraer unos billetes de los conductores que tienen sus carros con vidrios oscuros. Les está costando imponer un despropósito. No tienen capacidad logística de registrar automóviles que vienen polarizados de fábrica o de personas que necesitan de ellos por salud.

El argumento es que detrás de los vidrios oscuros se esconden delincuentes para cometer sus fechorías. La Policía tiene que combatir la delincuencia obviamente. Ahora los malhechores conseguirán carros polarizados de fábrica. Sólo las autoridades y políticos de altas esferas podrán utilizarlos sin problema. Muchos de ellos también son maleantes que protegen y tienen vínculos con los peces gordos. Todo seguirá igual. Los transgresores continuarán cometiendo delitos, sean éstos gordos o flacos. Es una medida que obviamente no cumplirá su objetivo. Generará otros problemas y más corrupción. Lo nuevo es que más policías sacarán más billetes a más conductores que no cumplen la nueva regla.

“Arreglaremos aquí nomás, pues, oficial”, dirán muchos infractores de la nueva y polémica regla. “No, ya no es como antes. Ahora tiene que ser sancionado nomás”, dirá el uniformado haciendo ademán artificial de escribir en la boleta, esperando ser interrumpido por el apurado y pragmático conductor. Éste hará un cálculo aritmético veloz considerando el monto de la multa, el costo del nuevo oscurecimiento de su móvil y propondrá una cifra razonable para ambas partes. La “autoridad” quedará satisfecha y lo dejará pasar, no sin antes hacer un ademán de falso desacuerdo y condena de la moral. “Que sea la última vez señor, estoy haciendo una excepción por ser usted educado”, concluirá satisfecho mirando algo nervioso alrededor y escondiendo su nombre en el uniforme. El acto será consumado tal como se calculó institucionalmente.

El proceso de registro, que es caro, ya generó corrupción de personas apuradas que detestan hacer filas y de funcionarios ávidos por ganar ingresos extras. Se volvió a postergar por un mes más. Siguen las filas y la espera.

A eso se suma que es una imposición ilegal porque es un decreto y no una ley emanada por el poder legislativo. Pero la población desconoce las leyes y sus derechos. Los policías también. Y en Bolilandia la justicia no es tan justa como se quisiera. El estado de derecho está en crisis y eso afecta a todos sus componentes. Los ciudadanos se ven más vulnerables e inseguros presenciando cómo el propio Estado contribuye a desdibujar la seguridad ciudadana porque si se quisiera combatir la ilegalidad podrían ser más efectivos con los verdaderos maleantes. Podrían decomisar los miles de autos chutos que circulan las ciudades y zonas rurales de todo el país o detener narcos que campean por las ciudades. Pero no lo hacen, tal vez porque hay intereses vinculados con mafias que operan la ilegalidad y narcodelincuencia, de la gruesa. Es más fácil hacer un simulacro de compromiso con la seguridad sometiendo a quienes no tienen capacidad de reacción ni poder: los ciudadanos comunes. Son síntomas indiscutibles de autoritarismo.

Todo ese despropósito ocurre en la lejana y desolada Bolilandia, donde las autoridades inventan problemas en vez de resolver los muchos que hay. En Bolivia, felizmente todo es legal y transparente. La Constitución Política del Estado es respetada por ciudadanos y autoridades. La Policía y los órganos de seguridad están al servicio de la población que se siente protegida y en libertad para el buen desarrollo de la democracia.