Debate de la ruta crítica frente a la certeza de vivir en ciudades

La Constitución ha definido una ruta crítica que define nuestro escenario inmediato: en 2023, el cambio de los integrantes del Órgano Plurinacional de Justicia. En 2024, el Censo de Población y Vivienda. En 2025, las elecciones nacionales, y en 2026, las elecciones departamentales y municipales. Enunciarlo así, tan sencillamente, resulta engañoso pues sabemos que hay un mundo de realidades conflictivas y otras que vendrán por cada una de ellas.

Aunque aún no está claro cómo se resolverá la selección y elección de los altos magistrados, una declaración del Ministro de Justicia pasó desapercibida, “A diferencia con las anteriores elecciones, esta vez no va a decidir Evo Morales, sino los miembros de la Asamblea Legislativa por dos tercios”.

En un país democrático, esa confesión habría significado un tsunami político, pero como dice el adagio “lo poco espanta, lo mucho amansa”, aquí sirvió para unos memes que ya nadie recuerda. La iniciativa del referéndum propuesta por los juristas independientes, “Yo firmo ¡referendo ya!”, está permitiendo un buen ejercicio democrático de movilización. La ciudadanía ha identificado que la justicia, que ésta justicia y sus administradores, no pueden seguir haciendo escarnio de la gente.

Llama la atención la complacencia ciudadana que no reacciona frente a una lista que resulta insoportable cuando hacemos un repaso. Denuncias públicas de grueso calibre entre miembros del MAS, por corrupción y narcotráfico. Corrupción galopante. Nepotismo y favoritismo que contaminan temas estratégicos como el del litio. Persecución política asquerosa que termina con detenciones arbitrarias de los adversarios… Todos los días hay una noticia que golpea de manera descomedida la vida del ciudadano que todavía no entiende qué significará la subida del precio del dólar, o que 918 millones de dólares del dinero de la jubilación se invirtieron en bonos que se depreciaron.

Frente a toda esa realidad, estoy tratando de identificar qué circunstancias ya forman parte de la nueva cotidianidad y que, poco a poco, han adquiriendo carta de ciudadanía. Junto con la migración de población de áreas rurales, y la consolidación de la clase media acompañada de producción y consumo, la irrupción de las ciudades es un dato de la realidad que viene acompañada de demandas, servicios y necesidad de calidad de vida. Recién hemos entrado a la realidad que el mundo transita masivamente desde la Revolución Industrial.

Encontramos que soluciones como la ciudad de los 15 minutos frente a las metrópolis insensibles, y la consolidación del ocio productivo como señal de sosiego y dignidad son propuestas que se abren camino. Este dato está acompañado de la realidad urbana escondida torpemente hasta ahora, y la propuesta de las ciudades intermedias como instrumento para identificar lugares estratégicos con potencialidades para articular territorios y proponer inversión pública. Sobre la calidad de los servicios, se debate la identificación de sectores/necesidades que puedan servir como aliento a la inversión público/privada con procedimientos transparentes y efectivos.

Y ahí aparece nuevamente la urgencia del Censo 2024. Al estar trabajando todos estos años con datos proyectados desde 2012, que no podían considerar la crisis económica mundial ni la pandemia, identificamos variables que no se han interpretado correctamente al no considerar el crecimiento migratorio, el abandono de territorios rurales y la importancia de las ciudades, agravado por un Estado que se define Plurinacional y está conformado por originarios indígenas y campesinos. Obviamente, no se trata de negar la impronta cultural, histórica y de poder de esas realidades, necesitamos, solamente, establecer los equilibrios.

No dudo que este será un tema complicado de enfrentar pues tiene que ver con la propuesta electoral del MAS, mientras hay un país que dice vivir en ciudades, de manera distinta que el discurso.