Abuso de derechos
El bloqueo de vías públicas como manifestación de reclamos sectoriales es en Bolivia una medida de presión que —por su frecuencia, las maneras como se la aplica y, en algunos casos, las razones que la motivan— parece alejarse del derecho que la legitima.
En efecto, si bien “los bloqueos se encuentran amparados por el derecho a la protesta social”, como observa un informe de la CIDH, la libertad de ejercer esa medida de presión tiene como límite el respeto a las libertades de terceros ajenos al objeto que los motiva.
En el caso actual, el bloqueo del acceso al botadero de K’ara K’ara, el último de una serie de innumerables sucesos similares que tienen como consecuencia la acumulación de basura en las calles de la ciudad —hasta ayer había más de 1.200 toneladas— es una amenaza a la seguridad sanitaria.
Una amenaza y un perjuicio para todos los citadinos que resulta de un reclamo de vecinos de 19 barrios de la zona sur que impiden el paso de los camiones basureros con el fin de lograr mejores condiciones económicas para la compra de lotes. Unos lotes que la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) se vio obligada a vender como resultado de la ocupación ilegal, avasallamiento, de esos predios hace 20 años.
Se trata de toda evidencia de un asunto de intereses carentes de relación directa con los derechos fundamentales que la Constitución Política del Estado garantiza a los bolivianos.
Aparte de la particularidad del motivo por el que se ejecuta esa medida de presión, hay lugar para preguntarse si quienes lo aplican agotaron antes todas las vías institucionales para hacer valer ese reclamo que ellos consideran legítimos.
Al parecer no es así, de modo que el bloqueo en cuestión no es su último recurso. Tampoco es la primera vez que se inicia un reclamo sectorial aplicando medidas de presión de ese tipo.
Otro aspecto cuestionable en esta clase de movilizaciones es que no siempre son realizadas por los directos interesados, sino —por decirlo de manera elegante— son tercerizadas. Es decir que quienes bloquean son sujetos pagados, como denunciaron en septiembre del año pasado los padres de familia y otros habitantes del Distrito 8 del municipio de Cochabamba que hallaron los registros del pago efectuado a quienes bloqueaban los accesos al lugar, con el fin de imponer la descentralización de la UMSS, exigida por los vecinos del Distrito 15.
Los bloqueos de vías públicas como recurso de inicio —y de presión en las eventuales negociaciones— para imponer exigencias sectoriales se ha convertido en una práctica frecuente que deslegitima el derecho ciudadano a la protesta pacífica.
