Inversión y confusión de prioridades

El 24 de octubre, el presidente de YPFB anunció la suscripción de un acuerdo con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) por el cual nuestro país invertirá recursos públicos en exploración, explotación y refinación de petróleo y gas en Venezuela. Ese convenio se realiza en medio de un complejo escenario interno, marcado por una crisis profunda en la producción de hidrocarburos, una caída de 5,7% en el sector, la incertidumbre sobre las reservas gasíferas, la decisión de invertir sólo 324 millones de dólares en exploración, la finalización del contrato de exportación con Argentina e incluso algunos problemas en la provisión de diésel.

Es indudable que el inédito acuerdo va a beneficiar a la economía venezolana que ya parece estar en vías de recuperación tras la determinación del gobierno de EEUU de levantar las sanciones contra el sector de petróleo y gas de esa la nación, lo que puede incidir de manera importante en su rescate y crecimiento. Pero, además, la estrategia boliviana muestra un curioso giro del destino, pues en 2006 era PDVSA la que prometía una inversión de 500 millones de dólares para exploración petrolera en nuestro país.

Queda pendiente una explicación más responsable de parte del Gobierno sobre el alcance del acuerdo, el monto comprometido y los plazos para su implementación, pero sobre todo de la razón por la que tales recursos del Estado boliviano no se destinan a potenciar áreas de la economía en nuestro propio territorio, y que no piden donaciones ni favores, sino inversión rentable, con devolución asegurada e incluso con pago de intereses.

Por ejemplo, con esos recursos bien podría encararse una producción intensiva del trigo y el maíz, para liberarnos de su costosa importación y subvención, y de otros productos de gran demanda mundial, como chía, arándano, asaí, frejol, cacao, café, quinua, y una alta variedad de frutas, que con un pequeño apoyo a los productores para desarrollar tecnología, adquirir maquinaria y conseguir mercados, puede generar ingresos superiores a los que produce el gas, pero, además, que asegurarían la creación de fuentes de trabajo, apertura de polos de desarrollo departamental y dinamización de la economía de las comunidades campesinas.

La industria vitivinícola de Tarija, golpeada fuertemente por el contrabando y los desastres climáticos, precisa con urgencia apoyo para sostenerse y aprovechar la gran aceptación internacional que han logrado sus productos, premiados en concursos mundiales por su calidad.  Las inversiones público-privadas en producción de uva y elaboración de vinos y singanis de exportación pueden revertir la difícil situación económica que golpea a ese departamento.

La conclusión y plena habilitación de Puerto Busch precisa también de inversiones para optimizar sus servicios y fortalecer nuestro comercio exterior hacia el Atlántico. Y está pendiente la concreción del hub de Viru Viru que, de materializarse, podría generar ingresos de 8.000 millones de dólares. Inversiones conjuntas entre el Gobierno y las empresas privadas pueden acelerar la implementación de ambos proyectos cuyos beneficios serán concretos e inmediatos.

El turismo, una fuente de recursos que sostiene la economía de varios países, tiene un gran potencial en Bolivia, y sólo hace falta invertir en el mejoramiento de caminos, infraestructura hotelera y de servicios, y realizar campañas de promoción para empezar a explotar esta industria cuyos beneficios son innegables en términos de ganancias, creación de empleo, transporte, fortalecimiento de las pequeñas empresas y apoyo a decenas de municipios en todo el país.

Quizá el área que necesita y merece más inversión es la educación, no únicamente aumentando escuelas, sino desarrollando tecnología, ciencia e investigación, creando centros para el desarrollo de startups  y construyendo institutos técnicos para los cientos de miles de jóvenes que cada día ven menos oportunidades de trabajo digno y estable.

Las posibilidades de invertir y obtener grandes beneficios con esos recursos son muy variadas, pero sobre todo son necesarias en un país que recibe cada vez menos inversión extranjera directa porque transmite desconfianza e inseguridad; un país con mínimas reservas internacionales que necesita cada dólar disponible para enfrentar la crisis y fortalecer a su precarizada industria.

No dudamos que YPFB pueda tener buenas intenciones e incluso creer que la inversión en Venezuela pueda ser rentable en el largo plazo, pero un país con dificultades económica, reservas energéticas disminuidas y que precisa con urgencia recursos de inversión no debiera entregar sus pocos ahorros para impulsar el crecimiento y desarrollo de una nación hermana, por encima de las necesidades de sus propios hijos.