Violencia impune
Hace dos años y cinco días, un grupo de encapuchados armados atacó con violencia y retuvo por la fuerza durante horas a siete periodistas, además de otras 10 personas, en el predio Las Londras, en Guarayos, Santa Cruz. Hasta hoy, ese acto criminal está impune a pesar de que el Estado boliviano, en su calidad de miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU), tendría que hacer “todo lo posible por prevenir la violencia contra los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación” y “asegurar (…) la realización de investigaciones imparciales, prontas y eficaces de todas las denuncias de presuntos actos de violencia contra (ellos)”, como lo estipula la resolución de la Asamblea General que proclamó el 2 de noviembre Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.
Esa fecha fue elegida en conmemoración del asesinato de dos periodistas franceses en Malí el 2 de noviembre de 2013. En Bolivia la violencia contra los trabajadores de la prensa no ha llegado, afortunadamente, a un extremo similar, pero son frecuentes las agresiones y amenazas que sufren éstos. Hace un mes y dos semanas, periodistas que cubría una reunión del Consejo Superior de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), en La Paz sufrieron agresiones físicas por parte de vándalos que se presentaron como hinchas de algunos equipos locales. Ningún policía estaba en el lugar para evitar esos hechos.
Y hace una quincena de días, un periodista paceño fue amenazado para que cese su investigación sobre las acciones de la FBF. Pocos antes, en Lauca Ñ, otros dos comunicadores sufrieron agresiones por parte de miembros de la “policía sindical”, luego de la clausura del congreso nacional del Movimiento Al Socialismo. Hechos similares se han vuelto más frecuentes en los últimos 18 años, según un estudio independiente. Muy pocos de los responsables han sido procesados en la justicia. El caso impune más emblemático es de Las Londras.
“Pese a la gravedad de los hechos y al escándalo que le siguió, las autoridades llamadas por ley no actuaron de inmediato para dar con los autores de los atropellos, someterlos a juicio y lograr sentencia condenatoria por los delitos cometidos”, recuerda la periodista Maggy Talavera. Esa impunidad envalentona a los criminales, conduce a una mayor violencia y, como se trata de agresiones a quienes tienen la misión de investigar y dar a conocer los hechos de interés colectivo, es un atentado a la libertad de información. La misión de informar corresponde al derecho ciudadano a estar informado y es uno de los pilares de la democracia, así, la inacción estatal que conduce a la impunidad de los hechos de violencia contra la prensa atenta directamente contra las libertades fundamentales.
