Bloqueos y barbarie
El bloqueo de vías públicas como manifestación de reclamos sectoriales es en Bolivia una medida de presión que —por su frecuencia, las maneras como se la aplica y, en algunos casos, las razones que la motivan— parece alejarse del derecho que la legitima, y aún más cuando los reclamos se acompañan de hechos de violencia cuyos ejecutores merecen ser procesados penalmente.
Lo ocurrido los días pasados en poblaciones del valle bajo de Cochabamba, cuyos sindicatos de transporte de pasajeros bloquearon las vías —especialmente la avenida Blanco Galindo que une la ciudad capital del departamento con la carretera hacia Oruro y La Paz— es la manifestación de una suerte de barbarie ejercida por un sector que reclama beneficios de interés privado perjudicando de manera organizada e ilegal a toda la colectividad.
Es cierto que los choferes y propietarios de vehículos que prestan el servicio de transporte de pasajeros ejercían el derecho legítimo de reclamar mejoras en sus ingresos, y si bien “los bloqueos se encuentran amparados por el derecho a la protesta social”, como observa un informe de la CIDH, el ejercicio de esa medida de presión tiene como límite el respeto a las libertades de terceros ajenos al objeto que los motiva, como es el caso de los conductores de vehículos privados.
No sólo ellos, sino también los usuarios del servicio de transporte público que se vieron impedidos de llegar a sus fuentes de trabajo, con el perjuicio que ese aspecto representa.
Y hubo víctimas fatales como ese ciclista, que perdió la vida al caer en un río por evitar un punto de bloqueo, además de gente ajena al conflicto que sufrió agresiones de los movilizados.
Esos excesos que en muchos constituyen delitos y el aplomo de sus perpetradores evidencian su convicción de poder actuar así en toda impunidad, en franco desafío al orden social, y legal.
Se trata de actitudes que alientan a reflexionar acerca de la facilidad con la que se subvierte el orden social, las reglas elementales de vida en comunidad y el derecho básico de todo ciudadano a la paz y el orden.
¿Cómo puede suceder que un sector de la sociedad, en este caso el de transporte de pasajeros del valle bajo, se organice para perpetrar actos que sobrepasan cualquier derecho a protestar y están dirigidos a provocar perjuicio al ciudadano común?
Es claro que, al actuar como actuaron, los transportistas violentos prolongaron en sus movilizaciones la actitud con la que cada día prestan el servicio que les permite sustentarse, pues son muy pocos los choferes respetuosos de las reglas de tránsito y de los usuarios a los que transportan.
Y es también evidente que ejercen su actitud hostil con el convencimiento de que ninguna instancia, ni policial ni municipal, tiene sobre ellos la autoridad suficiente para sancionar sus abusos.
