La democracia contra sí misma

Es cada vez más evidente que el sistema democrático boliviano vive una paradoja destructiva: en nombre de sus propios valores, está produciendo las condiciones para su desintegración.

Si el principio sobre el que se funda la democracia es el gobierno de las mayorías, resulta incongruente que grupos reducidos tengan capacidad para ejercer una tiranía de facto e impongan su voluntad apelando a la violencia y a su capacidad de generar caos. Cuando esa situación se normaliza, ya no estamos frente a problemas de disenso sino a crisis sistémicas que cuestionan el propio modelo de organización social.

El filósofo griego Aristóteles señaló en su tiempo, que cuando la libertad se convierte en anarquía, la democracia puede degenerar en oclocracia: el poder de las masas desordenadas que persigue intereses particulares a expensas del bien colectivo.

Por su parte, Platón advertía que, en una democracia sin límites, toda autoridad terminará siendo cuestionada, el interés particular sustituirá al bien común y la libertad absoluta terminará produciendo desorden y debilitando las propias bases de la convivencia política.

Nuestra democracia parece estar siguiendo ese camino. Aunque formalmente se fundamenta en la voluntad de la mayoría, expresada en el voto, en la práctica ve restringida su capacidad de acción por grupos con elevada capacidad de movilización, presión política e interrupción de actividades económicas estratégicas.

El resultado es una inversión de la lógica democrática. La voluntad expresada en las urnas pierde eficacia frente a mecanismos de presión extrainstitucional.

Aunque esta situación no es nueva en nuestra historia, se ha vuelto insostenible por un proceso de empoderamiento mal concebido, un modelo impuesto que confundió la inclusión con la impunidad, que convirtió los derechos en armas políticas y olvidó que toda democracia necesita límites.

Cuando el empoderamiento se construye sobre la narrativa de la víctima perpetua, el grupo empoderado no desarrolla mecanismos de responsabilidad proporcional a su poder. Se convierte en un actor que puede exigir sin obligaciones equivalentes, que puede vetar sin justificación, que puede bloquear sin rendir cuentas.

La situación se vuelve aún más compleja cuando el Estado, que posee el monopolio legítimo de la fuerza y la obligación constitucional de garantizar el ejercicio de los derechos de todos, decide renunciar a esa prerrogativa apelando a soluciones dialogadas con dirigentes que no reconocen su autoridad y olvidando que una democracia requiere capacidad efectiva para garantizar el cumplimiento de la ley. Sin ella, los procedimientos democráticos se vacían de contenido.

La experiencia boliviana también revela la existencia de desequilibrios entre derechos y deberes. La Constitución de 2009 consagró un catálogo amplísimo de derechos colectivos que tenían más de revancha histórica que de ingeniería institucional.

No se pensó suficientemente en los límites, en los mecanismos de resolución de conflictos en el respeto de los derechos, en las salvaguardas para que esos instrumentos no se convirtieran en armas contra el propio Estado de derecho.

El resultado es que hoy los grupos minoritarios pueden invocar el derecho a la violencia como expresión de reivindicación histórica y presentar los bloqueos como ejercicio de soberanía popular, aunque actúen contra la vida, la seguridad y la estabilidad de la mayoría.

Otra característica del problema es la permisividad social. Karl Popper, filosofo austríaco, afirmaba que una sociedad ilimitadamente tolerante puede terminar destruyendo las condiciones que hacen posible la tolerancia. En nuestro caso, una democracia que permite que cualquier actor paralice indefinidamente el funcionamiento del país, sin límites institucionales, puede terminar destruyendo las condiciones necesarias para su propia existencia.

La salida a esta situación no consiste en resolver una coyuntura específica. El problema es más profundo y exige revisar el equilibrio general del sistema político, sobre la base de que la libertad requiere orden, la participación requiere reglas y el pluralismo requiere límites compartidos. Cuando esos elementos desaparecen, la democracia comienza a actuar contra sí misma.

Necesitamos un nuevo pacto democrático sustentado en la reafirmación de la legitimidad del voto como principal fuente de autoridad política; el establecimiento de límites claros entre protesta legítima y acciones que vulneran derechos fundamentales de terceros; el equilibrio entre derechos y deberes, y la reconstrucción del principio de soberanía democrática.

Bolivia puede salvar su democracia. Pero para hacerlo tendrá que enfrentarse al hecho de que el mayor enemigo no está afuera del sistema. Está dentro de él, escudado en sus propias conquistas. Y que la única salida duradera pasa por refundar el pacto social desde sus principios más elementales: todos los derechos, todos los deberes, para todos, sin excepción.

El autor es industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia