Estabilizar la economía sin sacrificar la industria nacional

El acuerdo entre Bolivia y el FMI, publicado recientemente por el gobierno, no es solamente un programa de financiamiento externo; en los hechos define una reorientación profunda de la economía boliviana. Su objetivo inmediato es corregir desequilibrios fiscales, externos y monetarios, mientras procura sentar las bases de un modelo orientado al mercado, con mayor participación privada y menor dependencia del financiamiento del Banco Central.

La aplicación del Acuerdo (que aún necesita la aprobación del Directorio del FMI y de la Asamblea Legislativa) puede generar beneficios importantes para la industria nacional en el mediano plazo, especialmente por la normalización cambiaria, la estabilidad macroeconómica y la apertura de oportunidades de inversión. Sin embargo, es previsible que sus efectos iniciales sean contractivos.

La eliminación de subsidios a los combustibles, la depreciación cambiaria, el endurecimiento monetario, la reducción del gasto público y la liberalización de precios inevitablemente elevarán los costos de producción y reducirán la demanda interna antes de que aparezcan los beneficios de la estabilización.

La industria manufacturera enfrentará una transición particularmente difícil. Muchas empresas dependen de combustibles, electricidad, transporte, insumos importados, maquinaria y financiamiento bancario, que se encarecerán. Además, seguirán expuestas a conflictos sociales, debilidad institucional, volatilidad de precios internacionales y problemas de infraestructura.

Las pequeñas y medianas empresas son más vulnerables al ajuste. El incremento del precio de los combustibles va a aumentar los costos logísticos y de insumos, y reducirá los márgenes de utilidad. En contrapartida, si existe acceso suficiente a insumos, crédito e infraestructura. podrían obtener beneficios en el mediano plazo, sobre todo por la reducción de las distorsiones cambiarias y la previsibilidad del costo real de importar y exportar.

El Acuerdo también contempla reformas para reducir los costos laborales y promover el empleo formal. Con un diseño adecuado, las medidas pueden ayudar a que las empresas pequeñas formalicen trabajadores sin enfrentar un salto excesivo en sus costos. En cambio, si se limitan a aumentar controles y sanciones sin reducir cargas tributarias, laborales y administrativas, incrementarán la informalidad. En todo caso, el impacto laboral será negativo en el corto plazo y la transición no será automática.

El contrabando es uno de los factores que puede determinar la sobrevivencia o la debacle de la manufactura nacional. Durante períodos de inflación, escasez de divisas y brechas cambiarias, el comercio informal suele expandirse porque opera fuera de las normas regulatorias. La liberalización puede reducir algunos incentivos a las importaciones ilícitas, pero no sustituye al Estado. Sin aduanas eficaces, justicia funcional y mecanismos de control capaces de hacer cumplir las reglas, la apertura puede terminar favoreciendo precisamente a quienes operan al margen de la ley.

La conflictividad social representa uno de los mayores riesgos para la industria en la etapa de estabilización. El Acuerdo advierte que la eliminación de subsidios puede reavivar el malestar social y los conflictos. La manufactura es particularmente sensible porque opera con inventarios reducidos y depende de entregas relativamente frecuentes. Los bloqueos no son únicamente un problema social o político; son un shock económico que destruye producción, empleo, contratos y capacidad de abastecimiento.

El resultado dependerá de la aplicación de una política coherente de transición y, sobre todo, de mecanismos de protección a la industria nacional que le ayuden a soportar los cambios bruscos. Si se eliminan de manera indiscriminada las preferencias razonables a la producción nacional para obtener el menor precio inmediato, se puede poner en riesgo la supervivencia de segmentos enteros de la industria manufacturera.

La aplicación del Acuerdo tiene el potencial para mejorar las condiciones estructurales de la industria boliviana, pero su impacto no será homogéneo ni inmediato. Las empresas de este sector pueden ser las víctimas de una liberalización mal secuenciada, pero también una de las beneficiarias de una estabilización bien ejecutada.

Si el Estado combina el ajuste con medidas que protejan a la producción nacional, desarrollo de proveedores, diversificación al financiamiento productivo y compras públicas preferentes, la industria nacional puede preservar empleo calificado, asegurar abastecimiento y desarrollar capacidades de valor estratégico; si se la abandona frente a un ajuste abrupto, el país puede terminar estabilizando sus cuentas mientras debilita su capacidad de producir.

El problema no es elegir entre estabilización económica e industria nacional; el verdadero desafío es lograr que la primera no destruya las capacidades productivas necesarias para alcanzar la segunda.

El autor es industrial y expresidente de la

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia