Una Constitución para Bolivia

En su posesión como presidente de Bolivia, en 2006, de la boca de Morales salieron advertencias explícitas: “de la resistencia de 500 años a la toma del poder para 500 años, indígenas, obreros, todos los sectores para acabar con esa injusticia, para acabar con esa desigualdad, para acabar sobre todo con la discriminación, opresión donde hemos sido sometidos como aimaras, quechuas, guaraníes”, dijo.

Y añadió: “recién podemos llegar acá, podemos estar en el Parlamento, podemos estar en la presidencia, en las alcaldías. Antes no teníamos derecho”, negando así los avances institucionales y jurídicos impulsados por el conjunto de la sociedad y viabilizados por el sistema político hasta 2005, sobre cuya base –gran paradoja– el MAS llegó al poder el 22 de enero de 2026, para entonces tirar abajo, ladrillo a ladrillo, esa construcción esforzada de los demócratas bolivianos.

Morales aplicó las recetas de los estrategas extranjeros del “socialismo del siglo XXI”. El 23 de enero de 2006 pasó a retiro a tres promociones de las FFAA con 24 generales, como recordó eju.tv. en una publicación de 2016.

Luego se instaló la red de “radioemisoras comunitarias” con cobertura territorial completa, sumada a Canal 7, el de mayor alcance. La propaganda del régimen se difundió intensivamente.

En 2007 se precipitó la renuncia de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Tribunal Constitucional, con acusaciones de corrupción sin base y sin pausa. Se desmanteló el Poder Judicial independiente y sobrevino la judicialización de la política. El pago: la corrupción y el crimen con impunidad.

Se asaltó al Registro Civil, componente esencial del mecanismo de vaciamiento de la democracia con un potente simulador para el fraude.

No era suficiente. Había que liquidar el orden constitucional con una reforma total de la Constitución Política del Estado en una Asamblea Constituyente (AC), no prevista en la Constitución hasta 2004. Se la convocó el 6 de marzo de 2006 por la Ley 3364 que definió, en el Art. 6, su sede: “la ciudad de Sucre, capital constitucional de la República”, y en el Art. 24, su duración: “La AC tendrá un período de sesiones continuo e ininterrumpido no menor a seis meses ni mayor a un año calendario a partir de su instalación”.

Durante la AC se suscitó una arremetida contra los prefectos de oposición, que comenzó con la propuesta de Jorge Quiroga Ramírez para el referéndum revocatorio de autoridades nacionales y departamentales en 2008.

Fue oxígeno para el MAS y derrota para la oposición que perdió dos de sus siete prefectos. Sobrevino el mismo año la emboscada a Leopoldo Fernández, prefecto de Pando, preso injusta e ilegalmente por 13 años. En 2009 se montó el “caso terrorismo” para la represión a los líderes cívicos y políticos demócratas de Santa Cruz.

La AC fue ilegal y se vició de nulidad por:

• La superación del plazo de un año fijado por ley para su conclusión.
• El cambio de sede, no una sino dos veces: desde la ciudad de Sucre hasta el Liceo Militar “Tte. Edmundo Andrade” en las afueras de esa ciudad, con la masacre de La Calanch” de por medio, y de allí a Oruro donde se aprobó un índice de artículos el 9 de noviembre de 2007.
• La declaración de la AC como originaria cuando era derivada.
• La aprobación de las reformas por mayoría absoluta y no por dos tercios de votos en las comisiones.
• La modificación y aprobación del texto de la CPE por el Congreso: el poder constituido impuesto sobre el constituyente, con participación de, bolivianos y extranjeros, ajenos a la AC. Hubo usurpación de funciones y, por tanto, el texto votado en referéndum era nulo.

Los mestizos de clase media, población urbana, informados y demócratas, ganados por el derrotismo y el desaliento enmudecieron. En parte por las barreras de prejuicios y estereotipos marcados por la militancia de izquierda que impidieron hacer causa común con Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando y defender la institucionalidad democrática del país, los derechos ciudadanos y la libertad.

Como dije en un artículo publicado en 2024, el año 2009 se impuso una impostura a nombre de “constitución”. Su resultado es la destrucción de la democracia y del Estado de derecho, la cancelación de la política y la aniquilación de los derechos humanos. El documento aprobado en 2009 equivale al certificado anticipado de defunción del Estado boliviano.

Los vicios del origen y desarrollo de la AC son suficientes para declararla nula con plena base jurídica y transitar entonces hacia la república. Las condiciones no son pocas ni de fácil cumplimiento: una gran fuerza ciudadana organizada que así lo demande y decida por vías democráticas, un gran consenso público que sostenga ese tránsito y un liderazgo lúcido y comprometido con el país, hoy ausente. En términos políticos, instrumento, programa y líderes.

Ese es el desafío actual que responder con base en un amplio acuerdo político y social que nos una y llegue hasta donde más se pueda en la rectificación de los fallos para la reparación de los daños.

La autora es abogada y asambleísta departamental en Tarija