Un grupo de militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) irrumpió ayer en La Paz la concentración del Comité de Defensa de la Democracia (Conade) y activistas de plataformas e impidió que la marcha siguiera su curso.
Hermann Tertsch, europarlamentario español del partido VOX, informó este jueves que se solicitará una fiscalización a la Universidad de Salamanca por el informe sobre el caso fraude electoral que dio paso al cierre de esta investigación.
Transportistas, gremiales, promociones unidas, damas cívicas, comités provinciales y la federación de profesionales en Santa Cruz expresaron su apoyo a la movilización contra el cierre del caso "fraude electoral" y el "avasallamiento" de tierras, este jueves en las ciudades capitales de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija.
El Gobierno advierte que actuará con "mano firme" si en las movilizaciones convocadas por el Comité pro Santa Cruz y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) se comenten excesos o ilícitos; asimismo calificó estos llamados a marchas como una "abierta confrontación".
La Asamblea de la cruceñidad aprobó una serie de medidas en torno al conflicto de tierras y el cierre del caso "fraude electoral", anunció movilizaciones para el 5 de agosto y se realizará de forma paralela a las determinadas del Comité de Defensa de la Democracia (Conade) que tiene previsto realizar protestas en las calles el próximo 6 de agosto.
El exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Édgar Gonzales, afirmó este lunes que, luego de que la fiscalía cerró el caso fraude electoral, las exautoridades del Órgano Electoral iniciarán procesos contras aquellas personas que denunciaron la manipulación de las elecciones, como Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y Édgar Villegas.
El experto español Juan Manuel Corchado, que dirigió el grupo contratado por la Fiscalía para realizar una pericia del caso fraude electoral de 2019, aclaró que una presunta manipulación de actas o falsificación no ha sido objeto de su trabajo.
La Cámara de Representantes de EEUU aprobó incorporar en su presupuesto del Año Fiscal 2022 la propuesta para investigar el rol que desempeñó la Organización de Estados Americanos (OEA) en las elecciones anuladas del 20 de octubre de 2019 y la crisis de derechos humanos.