En opinión de analistas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sí puede modificar el reglamento que obliga a digitalizar 1,5 millones de firmas que los juristas independientes recaban para consolidar el referendo para la reforma a la justicia. Argumentan que es un trámite administrativo y, de no hacerlo, estaría vulnerando el derecho ciudadano de ejercer la democracia participativa.