El juicio penal contra el exdirigente cívico de Santa Cruz Rómulo Calvo; la audiencia contra el gobernador de esta región, Luis Fernando Camacho, para definir si sigue en su cargo, y el proceso por presunto golpe I son mecanismos que utiliza el gobierno y el Movimiento Al Socialismo (MAS) para debilitar y acabar con la institucionalidad cruceña con miras a comicios electorales próximos, según analistas y legisladores de oposición.
Organizaciones civiles responsabilizan al Gobierno por promover el “terrorismo de Estado”, que viola los derechos humanos de la población de Santa Cruz.
El Gobierno presentará un recurso legal ante el Tribunal Constitucional para frenar una ley departamental cruceña calificada por el MAS como “separatista”.