Alcaldía evalúa pedir la administración del Hípico
La Alcaldía de Cochabamba evalúa la posibilidad de solicitar al Ministerio de Obras Públicas la administración de los predios del Club Hípico debido a que el municipio pagó 32 millones de bolivianos por la expropiación del sitio, informó ayer el asesor general, Sergio Coca.
El proceso de expropiación del Hípico inició hace dos años cuando el Concejo emitió una ley municipal que declaró de “necesidad y utilidad pública” el terreno para la construcción de un estadio para los Juegos Odesur 2018. Tras ello, mediante un convenio, el Concejo autorizó la transferencia de recursos en enero de 2015.
“No estamos de acuerdo con que la propiedad sea del Gobierno central o de la Gobernación teniendo en cuenta que nosotros estamos pagando la expropiación para ejecutar la obra. Los que construirán con nuestro dinero es el Ministerio de Obras Públicas y una vez que construyan lo lógico será que no dejen a nosotros la propiedad para que administremos”, señaló. Para ello proyectan una ley de administración del complejo.
Coca detalló que los convenios suscritos en la pasada gestión de Edwin Castellanos para la expropiación del Hípico no mencionaron la reversión de los predios a favor del municipio una vez sea construido el estadio. “Si estamos poniendo plata porque no vamos a ser dueños”, cuestionó.
Proceso
En medio de este panorama, la abogada del Club Hípico, Magaly Arze, informó que la Alcaldía de Cochabamba denunció en diciembre de 2015 ante el Ministerio Público a siete miembros del directorio del Hípico por los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas, evasión de impuestos y defraudación tributaria. La denuncia señala que los representantes del Club Hípico modificaron los estatutos de sociedad anónima a sociedad civil sin fines de lucro con el propósito de “evadir impuestos”. Sin embargo, la “sociedad civil es inexistente” puesto que su personería jurídica no está reconocida en ninguna resolución emanada de autoridad competente.
Al respecto, Coca declaró: “Eso inició la anterior gestión y nosotros de acuerdo a la Ley 260 y 2027 del Estatuto del Funcionario Público y manuales lo único que tenemos que hacer es continuar la tramitación de todos los procesos”.
PIÉROLA ANUNCIA PROCESO
La diputada Norma Piérola informó ayer que interpondrá un recurso de acción penal contra el Tribunal Constitucional por los presuntos delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y retardación de justicia, debido a la demora de más de un año en resolver un recurso de inconstitucionalidad abstracta de la Ley 668 que declara de necesidad y utilidad pública los predios del Club Hípico.
El 24 de abril de 2015, el presidente Evo Morales promulgó la Ley Nacional 668 para la construcción de un estadio en Cochabamba.
Piérola presentó la acción de inconstitucionalidad ese mes ante el Tribunal Constitucional de Sucre. A pesar que la norma da un plazo de 40 días para tratar la acción, el recurso fue sorteado en cuatro oportunidades y devuelto a la Comisión de Admisión.
“Ésta es una acción totalmente dolosa de los miembros del Tribunal Constitucional”, señaló.
Piérola detalló que el recurso será interpuesto en el Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, la cual lleva adelante juicios de responsabilidad contra los magistrados del Órgano Judicial y de la Fiscalía General del Estado.
