¿Y después de La Haya?

Con la resolución (y cualquiera sea el resultado) de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, habrá un antes y un después en nuestras controvertidas relaciones con Chile. Bolivia tiene todo listo para el escenario post La Haya, que incluye una buena cuota de ilusión, festejos, arengas, pero, sobre todo, el oficialismo buscará capitalizar la acción jurídica en favor de la reelección indefinida de Evo Morales y Álvaro García Linera.     

Aunque todavía no se conoce el fallo judicial o resultado, las autoridades nacionales trabajan con miras a una negociación, algo que será muy complicado dado el rechazo prematuro de Chile. En realidad los chilenos no quieren saber de posibles negociaciones (como se espera que deba resolver la Corte Internacional porque, entre otras cosas, a eso se limita la demanda) y adelantaron que el presidente Evo Morales constituye un obstáculo para buscar una solución al enclaustramiento marítimo boliviano

En el caso hipotético de que la Corte Internacional resuelva que ambos países tienen que negociar, le recordarán a Evo Morales que no honra su juramento de respetar y defender la ley fundamental boliviana y que instrumentaliza el sistema jurídico internacional con fines personales como es la reelección indefinida, y todo esto afectará el cumplimiento del fallo.

En esta línea, la diplomacia chilena no tardará en alegar no sólo el tratado de 1904 sino también la ilegitimidad de Evo Morales. Chile conoce muy bien que el artículo 168 de la Constitución boliviana prohíbe la reelección indefinida; y que la monstruosa sentencia constitucional 0084/2017 de 28 de noviembre, instrumentaliza y distorsiona el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Los chilenos saben también que vulnerar la Constitución no puede convertirse en un derecho humano; además, ninguna convención, pacto o tratado internacional autoriza la reelección presidencial, menos que este derecho político pueda configurarse como un derecho humano absoluto pues, como cualquier otro derecho –la reelección– tiene restricciones con la finalidad de armonizar con los derechos de las demás personas en una sociedad democrática.

Todo esto es tan evidente que la Convención se encuentra vigente desde 1969 y a    nadie se le ocurrió pretender que autoriza nada menos que la reelección indefinida, y así echar por la borda los derechos de millones de personas que quisieran ser elegidas para la conformación de los poderes públicos. La reelección indefinida siempre estuvo prohibida porque erosiona la separación de funciones, los controles cruzados, la coordinación y cooperación como base y fundamento del ejercicio del poder político del Estado boliviano.

El período presidencial impone al jefe de Estado la obligación de atenerse al tiempo previamente fijado por voluntad del constituyente y de propiciar la sucesión de conformidad con las reglas establecidas en la Constitución. Sin embargo, la angurria por el poder no se limita a desconocer nuestro sistema constitucional, sino que el mismo Evo Morales comenzó descalificando al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y al propio sistema interamericano y al orden jurídico internacional. Lo evidente es que los actuales mandatarios sólo reconocen los pactos y los tribunales internacionales cuando les conviene, y los rechazan cuando no comulgan con sus intereses personales.

Este comportamiento contradictorio de Evo Morales lo utilizarán los chilenos para negarse a nuestra reivindicación marítima, que está basada precisamente en una teoría del Derecho internacional. Si de verdad le interesa al presidente Evo Morales una solución amistosa, tiene que tener un mínimo de coherencia y respeto por el Derecho nacional e Internacional, sus representantes y sus Tribunales.

El desconocimiento del Derecho Internacional supone no sólo poner en duda la fe del Estado y un menosprecio por esta normatividad que busca la justicia universal, sino también que la angurria por el poder y los intereses personales (léase reelección indefinida) están por encima de los intereses nacionales.

Y como ambos intereses no combinan, el presidente Evo Morales tendrá que elegir entre la defensa de los intereses nacionales y la reivindicación marítima y en este caso someterse al Derecho internacional, o su reelección indefinida y, por tanto, echar por la borda la demanda marítima y de yapa convertir a Bolivia en un paria en el contexto internacional.

El autor es jurista y autor de varios libros.