Una buena noticia de la Fiscalía

El que el fiscal Lanchipa hubiese desestimado la contraacusación de la Fiscalía contra el doctor Jhiery Fernández es no sólo una buena noticia para éste, sino para el país en su conjunto. Aunque las cosas no se están dando con la celeridad que el caso amerita, lo que podemos ver es que muy pronto el doctor Fernández recuperará su libertad (aclaremos que todavía está con un injusto e ignominioso arresto domiciliario). Esperemos que en un futuro próximo él pueda comenzar a rearmar su vida profesional y, por supuesto, su vida personal, como el hombre de bien que es.

Los cuatro años que le han sido robados por un grupo de canallas inescrupulosos no los recuperará jamás, aunque es obvio que el Estado tiene la obligación de procesar las compensaciones económicas que un caso así amerita. El doctor Fernández merece ser indemnizado, no sólo a partir de los sueldos que dejó de percibir o de los gastos en los que él y su familia incurrieron en su defensa, sino por el daño y el dolor causados por un Estado injusto y una sociedad indolente.

Sí, señores, no sólo el Estado boliviano está en deuda con Fernández, sino todos los bolivianos, porque buena parte de su padecer fue causado indirectamente por nuestra indiferencia o, peor, por el espíritu morboso de nuestra colectividad. De ahí que, –aparte de que los directos responsables deberán pagar con sus propios bienes para reparar ese terrible daño  y, por supuesto, responder ante la justicia– no me parece equivocado que salga de nuestros impuestos, o de nuestras rentas como Estado, una indemnización importante para esa persona que ha sido acusada de uno de los crímenes más atroces que alguien se pueda imaginar.

A Jhiery Fernández le deseo una vida fecunda y feliz; le deseo que este largo episodio se convierta con el tiempo en sólo eso y que encuentre el camino para perdonar a los que tanto daño le hicieron. No por ellos, sino por sí mismo. Mientras tanto, son el Estado y la sociedad los que tienen que ocuparse de castigar a los responsables directos.

La exjueza Pacajes, que ya está en la cárcel, es tal vez de todos la menos detestable. Siquiera en su borrachera mostró un mínimo de vergüenza por su accionar; los demás jueces, fiscales y técnicos tienen que causar más indignación.

Podemos alegrarnos de que, aunque tardíamente, el Defensor del Pueblo hubiese reaccionado en este caso; pudo haberlo hecho mucho antes, de la misma manera como pudieron hacerlo las personas poderosas de este país, a las que acudieron la víctima y sus familiares.

Esta buena noticia nos puede alegrar y aliviar enormemente, pero debe quedar claro que una golondrina no hace la primavera, y lo que debe tomarse en cuenta es que aunque el caso del doctor Fernández mostró el extremo de la bajeza del sistema judicial boliviano, hay cientos o miles de casos en los que está campeando la no justicia.

Bolivia tiene que enfrentarse a este monstruo que ha sido creado no hace 12 años, sino que no se sabe cuándo, pero que ciertamente ha sido groseramente alimentado en los últimos tiempos.

En estos tiempos en que se preparan las propuestas electorales, los candidatos deberán pensar muy seriamente en hacer una propuesta que incluya una lucha frontal contra la corrupción de cualquier tipo en la justicia y contra la injerencia de otros poderes en la misma. Algo que, por cierto, el partido gobernante no podrá capitalizar, en parte porque no hizo nada al respecto en estos años, salvo empeorar la situación, y  porque si se consolidan las pretensiones ilegales del Presidente y el Vicepresidente, de ser reelegidos no tendrán la más mínima credibilidad por doble partida.

El autor es operador de turismo.