Acuerdo político urgente

Bolivia atraviesa un momento delicado. Al embate de la pandemia se añaden los efectos económicos y sociales de la larga cuarentena. Se multiplican las protestas sociales y los desafíos a la autoridad pública que al Gobierno le resultan más difíciles de controlar. Es cierto que muchas de estas manifestaciones son alentadas por el MAS, que quiere pescar en río revuelto y avanzar en un plan de desestabilización. También es verdad que el gobierno de Jeanine Áñez se resiente de las denuncias y críticas a su capacidad de gestión y transparencia que erosionan su imagen y autoridad. 

Lo evidente es que la cuarentena se cumple cada día menos y crece el riesgo de una ruptura caótica. Y si esto ocurre, es también grande el peligro de desandar mucho de lo andado, y que el sistema de salud colapse. Esto ya sucede en el Beni.

Se necesita, con premura, un acuerdo político que ayude a preservar los avances en la contención de la peste y a restituir un clima de estabilidad política y social, sin la cual la continuidad de esta batalla se pone cuesta arriba. Y sin estabilidad, difícilmente puede esperarse éxitos importantes en la ansiada reactivación económica. Una crisis sanitaria y económica prolongada socava, forzosamente, la gobernabilidad y la paz social, lo que, a su vez, podría lastrar el proceso democrático.

Un acuerdo político puede ser encauzado a través de un diálogo sin exclusiones, propiciado por iniciativa presidencial alrededor de cuatro puntos centrales: i) la definición consensuada de una fecha para las elecciones generales y de las reglas y condiciones que garanticen la seguridad sanitaria; ii) los términos de una salida ordenada de la cuarentena, con el acuerdo de los partidos políticos de respetarlos y contribuir a su eficacia; iii) la garantía de transparencia en el manejo de los recursos asignados a la emergencia sanitaria y económica; iv) el respaldo a la tramitación perentoria, ante organismos internacionales y gobiernos amigos, de recursos externos para un programa de reactivación económica en los próximos cinco años, lo que podría implicar reunir al Grupo Consultivo de París.

En el marco de este acuerdo político, cabría que el Gobierno de Jeanine Áñez se reconstituya como uno mayormente técnico que dé seguridades de imparcialidad en la gestión estatal, de cara a las elecciones y también de una ejecutoria oportuna y eficiente de las medidas sanitarias y económicas urgentes que debe adoptar.

Todo ello podría bajar las presiones que hoy día agobian a los distintos niveles de gobierno, y facilitar el trabajo de las autoridades políticas y sanitarias, además de favorecer el compromiso de los ciudadanos y las organizaciones sociales y económicas con las medidas de protección sanitaria y vigilancia epidemiológica y recuperación de la economía y el empleo.

La cuestión es sentar las bases de una solución política que dé certidumbre sobre el curso del proceso político (esencial para encarar la compleja situación socioeconómica). Serán los comicios libres que definan el futuro político del país. Aceptemos este hecho. Hace parte de la necesidad de delinear un terreno común para lidiar con las diferencias, preservando las instituciones fundamentales que ya se han recuperado para la democracia.

Así lo están haciendo varias otras naciones embarcadas en diálogos políticos y sociales que buscan acuerdos mínimos para enfrentar la crisis sanitaria y reconstruir sus economías. ¿Por qué no podemos intentarlo los bolivianos?

El autor es sociólogo