A combatir la corrupción

El próximo gobierno recibirá un país muy complicado no sólo por la deplorable herencia recibida del MAS, sino por la pandemia y la mala gestión del Gobierno de transición que dio la oportunidad y discurso para que los masistas se reorganicen y endilguen sus desastrosos resultados a los desaciertos de la transición.

El próximo gobierno tendrá múltiples barreras institucionales y legales dejadas por el MAS en la CPE y en leyes sectoriales. Por esta razón, desde el día mismo de su elección deberá organizar equipos de profesionales idóneos e incorruptibles, capaces de organizar, hasta la toma de posesión, las agendas técnicas en cada sector económico, social y político e, incluso, acudir a la contratación de consultoras especializadas en los temas más conflictivos. No habrá ningún espacio para improvisaciones. Los cinco años de gestión deberán ser intachables.

La corrupción es uno de los venenos más letales que ha inoculado el gobierno del MAS en todos los niveles del Estado y el que más ha atentado contra el sistema democrático, contra sus valores y su economía. Al respecto, Mario Vargas Llosa afirma que “El crecimiento inmoderado del Estado facilita la corrupción, pero en nuestros días, acaso, la razón primordial por la que ha alcanzado la magnitud que tiene, es el desplome de los valores morales”. En los 14 años de ese gobierno, irrumpieron todos los vicios.

Además de haber sido el gobierno más corrupto de nuestra historia, ha sido también un gobierno de cínicos. No se lo puede calificar de otra manera, dada la cantidad de leyes y decretos que promulgaron y dictaron para, supuestamente, combatir la corrupción. Tal montaje empezó con el DS 29894, de 6 de febrero de 2009, que creó el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción con dos viceministerios. Anteriormente esta función estaba a cargo del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional que contaba incluso con un sistema propio de información con la sigla de Sitpreco. Meses después, mediante el DS 214, se creó la Política Nacional de Transparencia y al poco tiempo, mediante la Ley 004 –de fecha 31 de marzo de 2010– de Lucha contra la Corrupción o Ley Quiroga Santa Cruz, se introduce el Control Social, se crean los juzgados y tribunales anticorrupción, así como las fiscalías respectivas y se enlistan nuevos tipos de delitos penales. Posteriormente, el Control Social es normado mediante la Ley 341 de 5 de febrero de 2013.

Mediante Ley 974, de 4 de septiembre de 2017, se crearon las Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, y se reguló su funcionamiento, en todas las entidades del Estado. Entre sus atribuciones estaba que debían asegurar el acceso a la información pública, lo que jamás se implementó.

Paradójicamente, en este período de profusas normas anticorrupción, es cuando se producen los mayores latrocinios de las arcas del Estado, los desvíos de fondos a cuentas privadas, la malversación de fondos en construcciones y proyectos irracionales, los sobreprecios en todo tipo de compras y proyectos al amparo de decretos de excepción; lo que demuestra que si las cabezas de un gobierno son deshonestas, sus equipos de trabajo también lo son y todo el entramado legal es sólo una máscara para encubrir el delito.

Veamos algunos ejemplos en el sector hidrocarburos. Cuando se anuló la irregular adjudicación, a Tecnimont, de la construcción de la planta de polipropileno, el 17 de junio de 2017, la Dirección de Transparencia Corporativa de YPFB sólo atinó a justificar la anulación dos meses después y recomendó sumarios a los responsables. No se sabe si la unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos emitió algún informe al respecto y si los responsables fueron procesados.

Otro caso, simultáneo al primero, tiene que ver con el sobreprecio de 30 millones de dólares en la compra de taladros que terminó con la destitución de Guillermo Achá de la presidencia de YPFB. Dicho personaje se hizo nombrar presidente del directorio de todas las subsidiarias y creó un centro corporativo con súper gerentes, por encima de las vicepresidencias, para operar con mayor discrecionalidad sin que las unidades de transparencia objeten tales medidas. Esta exautoridad fue procesada y sobreseída, dos años después, de todos los delitos excepto el de incumplimiento de deberes.

Se tiene también el caso del asesinato del empresario Jorge O´Connor. El enriquecimiento ilícito del gerente de Plantas de YPFB, Gerson Rojas, en 2012. El tema de las cisternas de carburantes de YPFB descubiertas en Argentina en 2015 con cargamentos de cocaína.

No se han hecho auditorias ni se han investigado los sobreprecios de los millonarios proyectos; y no se sabe a cuánto puede ascender la rapacidad en el sector hidrocarburos que fue el que más dinero manejó. Basta señalar que seis de los ocho presidentes que tuvo YPFB durante el gobierno del MAS fueron destituidos por actos de corrupción.

El autor es ingeniero químico y petroquímico