Control de realidad a propuestas electorales: Comunidad Ciudadana

Columna
CON LOS PIES EN LA TIERRA
Publicado el 14/10/2020

Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana (CC), está en segundo lugar en intención de voto; participó en el encuentro de la FAM-CUB y en el debate nacional del domingo 4 de octubre.

El diagnóstico sobre el que estructura su propuesta identifica tres crisis –cuyo origen lo asocia a los 14 años de gobierno del MAS: de salud, económica, y de corrupción. Plantea que, por la severidad de estas crisis, se requieren respuestas claras. Específicamente, en el ámbito de la reactivación de la economía, plantea al empleo como el concepto guía para todas las políticas: “para los empleos en riesgo, para los perdidos, y para los que se necesitan”.

La propuesta de CC no establece metas cuantitativas en relación al empleo, ni identifica algún sector específico en el que se deba concentrar la política de empleo; por ello, es imposible el control de realidad directo y en términos cuantitativos. Sin embargo, podemos estimar la calidad de la propuesta valorando la integralidad del contexto general considerado (enfoque holístico-sistémico).

Al destacar que la actual crisis es diferente a las pasadas, ofrece –especialmente a quienes les tocó vivir la hiperinflación en la UDP– un contexto de estabilidad, sin inflación ni devaluación. La estrategia fundamental será flexibilizar el acceso al financiamiento para otorgar liquidez a todos los emprendimientos de la micro, pequeña, mediana y gran empresa, en especial incluyendo garantías del Estado a los generadores de empleo. Con ese propósito, buscará financiamiento multilateral y bilateral por seis mil millones de dólares (15% del PIB). A diferencia del MAS, considera que Bolivia tiene margen para endeudarse (deuda actual 25% PIB), y orientará el financiamiento a reforzar la capacidad de repago con mayor capacidad productiva.

La estrategia de flexibilizar el crédito considera otros aspectos relacionados: la creación de un Consejo económico-social tripartito (Estado, empresas y trabajadores) para concertar metas y acciones; reducir las tasas de interés para la reactivación; una reforma tributaria estructural orientada a promover el empleo en el marco de un pacto fiscal que mejore la equidad para los niveles subnacionales. Ofrece también “formalizar la informalidad sin extorsión”, con incentivos, no castigos; una gestión pública transparente; eliminación de la tramitología y de la burocracia; y una transición hacia afuera del extractivismo promoviendo las economías verde y naranja.

El análisis para control de realidad muestra que, en relación a las condiciones necesarias para promover el empleo, la propuesta refleja una concepción integral, especialmente desde la perspectiva de dinamizar la oferta.

Son menos específicas las acciones destinadas a dinamizar la demanda, ámbito en el que el gasto público en moneda nacional podría jugar un importante papel en la dotación de recursos a las empresas, sustituyendo, en buena parte, la necesidad de recurrir al endeudamiento externo en divisas.

En general, si bien las divisas captadas con endeudamiento externo serán preferentemente empleadas para la importación de bienes e insumos para el aparato productivo, varias de las acciones que CC propone en relación a la institucionalidad, la tasa de interés y a la reforma tributaria podrían ser readecuadas como incentivos para canalizar preferentemente el ahorro privado nacional en el sistema financiero, equivalente a unos 25 mil millones de dólares, desde las inversiones especulativas y rentistas de hoy, hacia nuevas actividades generadoras de empleo e ingresos.

Finalmente, en la misma dirección de financiar la reactivación económica con estabilidad, privilegiando el uso de moneda nacional, la teoría monetaria moderna (MMT por sus siglas en inglés) abre varias alternativas para dinamizar la demanda desplazando los –hasta ahora dominantes– modelos sobre gasto deficitario de la teoría económica. Muestra que un Estado que emite moneda soberana con un tipo de cambio flexible, tiene muy pocas restricciones financieras para comprar bienes o servicios producidos internamente, mientras la demanda no exceda la capacidad del aparato productivo. Es decir, el Estado puede ser el factor dominante en la configuración de la demanda, induciendo al uso del crédito en inversiones productivas.

En este contexto, podría ser aconsejable relativizar el mantenimiento del tipo de cambio fijo en función de las metas y de las prioridades que pueda establecer el propuesto Consejo económico-social.

 

El autor es investigador en temas de desarrollo productivo este astículo es parte del proyecto de “Diálogo Social y Laboral en época electoral” de la Fundación INASET

 

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