El pecado mortal del linchamiento
Que lo hubiesen tomado como espectáculo convocando al pueblo de Entre Ríos a presenciar la tortura y muerte de un joven de 20 años sospechoso del robo de una motocicleta es algo que estremece. Uno se resiste a creer que ello ocurrió en Bolivia, nación que está lejos de ser comparada con algunos de Asia o África donde aún impera la ley de la selva.
Que esta “ceremonia del linchamiento” sea promovida por dirigentes cívicos y alentada por personas adultas, se supone de sano juicio, y que hubiera sido presenciada por jóvenes y hasta por menores es todavía mayor agravante. El espectáculo de dar muerte en público, con el aplauso y el “perverso placer de la turba” sólo se compara con el circo romano, cuando los emperadores ofrecían a sus ciudadanos la lucha entre gladiadores (mercenarios de la guerra) y el sacrificio de los cristianos indefensos enfrentados a tigres y leones hambrientos que despedazaban a sus víctimas en medio del jolgorio de espectadores, borrachos de lujuria y sangre caliente.
Por llamarle algo “el fenómeno del linchamiento” sucede a períodos post convulsión social, revoluciones o guerras, a la ausencia de autoridad, al imperio del anarquismo y la inseguridad ciudadana. Linchamiento es sinónimo de ignorancia, de revancha, de justicia por mano propia y durante el mandato de Evo Morales acción repetida con demasiada frecuencia. Las características se repiten en el altiplano, en los valles, en el trópico, ausencia de autoridad, Policía incapaz de detener la agitación y temerosa de las reacciones de la turba, aunque está comprobado que cuando esas turbas borrachas de sangre y violencia advierten una mano firme, se detienen, se asustan y se dispersan. Mas al contrario, si advierten debilidad en los uniformados y en la autoridad se envalentonan y desafían al más fuerte, se transforman en fieras y se lanzan al peligro, vale decir contra la corriente y cometen los peores crímenes. Recordar el linchamiento del Presidente Mártir Gualberto Villarroel que después de ser arrojado desde un tercer piso a la loza de la plaza Murillo, su cadáver fue arrastrado varias cuadras y terminó colgado de un farol. Acción repetida con su lugarteniente Ballivián y su secretario Hinojosa (21 de julio 1946).
Todavía está fresco en la memoria colectiva el martirio de ocho campesinos en Achacachi, ante una multitud congregada en el estadio, si bien los promotores están hoy en la cárcel, aunque la sentencia no ha sido dictada. Y otros con víctimas civiles y de uniformados, y el último que fue torturado hasta la muerte fue el viceministro Illanes, y cinco “trabajadores mineros” por cierto que en acciones separadas. Que hasta el día de hoy no se ofrezcan informes claros sobre estos hechos de sangre en la zona de Panduro, puede estar produciendo que se incuben nuevos casos como el de Entre Ríos.
Recordar la palabra de la Iglesia Católica que con explicable energía ha condenado esta forma inhumana e inaceptable de ejercer “la llamada justicia comunitaria”, ha dejado ver que en la mayoría de los linchamientos las víctimas resultaron siendo inocentes, que los cargos por los que murieron no existieron. En el caso de Entre Ríos, cuánto puede valer una moto usada, frente a la vida de un joven de 20 años, esperanza cierta para sus padres, hermanos, compañeros.
El Gobierno tiene ante sí un nuevo reto, dar con los autores y sancionarlos. Los primeros informes periodísticos señalan como a incitadores a dirigentes cívicos de la junta vecinal y funcionarios de la autoridad local, que durante algunas horas estuvieron reclutando espectadores para el crimen, los que se han convertido en cómplices del hecho de sangre.
El autor es periodista.
Columnas de MAURICIO AIRA
