Responsables por 485 millones de dólares

No sé si entiendo. La noticia es que, con un aporte de capital de 485 millones de dólares, el Gobierno, mediante el Decreto Supremo 5040, creó el Laboratorio Industria Farmacéutica Boliviana (Lifab) dependiente del Servicio de Desarrollo de Empresas Públicas Productivas (Sedem). Según el anuncio del ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, desde 2026 Bolivia producirá medicamentos a través de 13 plantas farmacéuticas.

Quiero creer que están hablando de un Lifab con 13 unidades productivas, porque crear fuera de Lifab otras 12 empresas hasta 2026, a un costo unitario que equivale a más de la mitad del costo de la planta de Bulo Bulo, sería una (loca) aventura.

La industria farmacéutica es de alta tecnología. Por la precisión de la cifra aprobada en el DS 5040 para la ejecución del proyecto: 3.348.978.393 (casi tres mil quinientos millones) de bolivianos, se infiere que el Gobierno tiene los estudios finales de factibilidad y de inversión. Busqué detalles sobre los procesos y productos esperados de semejante inversión en la página web de Sedem, pero, para gran sorpresa mía, no hay la menor mención específica al proyecto entre la decena de notas y anuncios sobre las actividades del Sedem.

Su Plan Estratégico Institucional(PEI) 2021-25, contempla crear seis nuevas industrias: vidrio plano, hoja de coca, química básica, madera aglomerada, bioinsumos, e “insumos farmacéuticos y medicamentos nacionales”. De la inversión total de 4.800 millones de bolivianos planificada hasta 2025, 1.800 millones están destinados a insumos farmacéuticos.

Pero el DS 5040 asigna a Lifab el doble del monto presupuestado, por lo que este proyecto se llevaría el 70% del presupuesto quinquenal de inversiones del Sedem. Normalmente, entre los resultados de un buen estudio de prefactibilidad y el de diseño final, no hay una gran diferencia (+/- 15%), pero, un 100% como es el caso de Lifab, implicaría que el proyecto aprobado es muy diferente al incluido en el PEI.

Intrigado primero por semejante discrepancia y, segundo, por la diversidad de rubros que estaban bajo la responsabilidad del Sedem, indagué sobre su propósito y estructura.

Bajo el concepto de una “incubadora de empresas”, el Sedem se creó en 2010 con el fin de “apoyar la puesta en marcha y acompañar las etapas posteriores de desarrollo de empresas estatales. También apoya la creación de nuevas empresas a partir de ideas de negocio presentadas por las instancias sectoriales, asesorando en las áreas técnica, financiera, jurídica, económica, tecnológica y otras necesarias”.

Estos ambiciosos objetivos contrastan con una débil estructura técnico-profesional: de las 24 personas con ítem y 564 eventuales, no más de seis estarían directamente relacionadas con la prestación de los servicios para los que el Sedem fue creado, en tanto que el 99% se concentraría en la administración y la distribución de bolsas de subsidio (alimentos), tarea que, dicho sea de paso, no está en su mandato institucional. Esta apreciación está validada por las evaluaciones de su contexto interno incluidas en los planes estratégicos que menciona, entre sus debilidades, la toma política de decisiones (sin metas de competitividad), falta de capacitación específica, equipamiento insuficiente, alta rotación de personal, burocracia en procesos de contratación, falta de coordinación con empresas, y “movimientos sociales” que ejercen presión sobre las empresas públicas, entre otros.

La descarnada realidad que estas evaluaciones muestran, se refleja en los resultados que, a su vez, sugieren muy fuertemente que, las empresas públicas, no surgieron con base en estudios de factibilidad mínimamente serios que habrían tomado en cuenta aspectos que hoy son amenazas detectadas por las empresas: precios poco competitivos, contrabando, actualización de procesos en la competencia (por ejemplo Papelbol); ubicación alejada y difícil acceso, competencia consolidada en el mercado, riesgo por conflictos sociales con comunidades; organización burocrática (Empresa Pública de Cementos Bolivia, Ecebol); elevados costos de producción; empresas privadas con precios más bajos, contrabando (Empresa Estratégica de Producción de Semillas); monopolios privados, competencia (Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes, Eepaf), etc.

En resumen, las evaluaciones del Sedem al conjunto de empresas que operan dentro de su estructura, muestran resultados operativos (ventas - costos) marginalmente positivos, pero no hay información sobre rentabilidades y las verdaderas posiciones financieras respecto de las inversiones realizadas con recursos públicos. Lo que está muy bien documentado, son los incumplimientos sistemáticos a las metas anuales de producción, ventas e ingresos, en todas las empresas públicas.

Con la información disponible, y a la luz de los resultados documentados, al Sedem no se lo ha dotado de las condiciones ni de la capacidad institucional mínima requerida para apoyar “la creación de empresas a partir de ideas de negocio”, y mucho menos para “asesorar a emprendimientos en las áreas técnica, financiera, jurídica, económica, tecnológica y otras”. En particular, crear una industria farmacéutica (técnica y comercialmente compleja) de casi 500 millones de dólares (¡en tres años!) escapa holgadamente a la capacidad institucional y operativa no sólo del Sedem, sino del actual Estado boliviano.

Es imperativo que se conozcan el proyecto base, los estudios de factibilidad, el diseño final y los flujos operativos estimados (productivos, comerciales y financieros) sobre los que se sustenta la decisión de autorizar el uso de 485 millones de dólares para crear Lifab. En ausencia de tales bases, habría sido irresponsable hacerlo, porque, sin metas ni objetivos verificables se abren oportunidades para el mal uso de esos millones de dólares. Aunque la responsabilidad quedaría en quienes suscribieron el DS 5040, dada la “pestilente justicia” vigente, unos pocos se harían más ricos, y 12 millones seríamos más pobres y endeudados.

En consecuencia, debo suponer que quienes suscriben el DS 5040 están respaldados por suficientes estudios técnicos que nos garantizan a todos que la creación de Lifab no será un caso más de irresponsable despilfarro a nombre del crecimiento y la industrialización.