Los secretos de Lucho

En 2019 se realizó, a cargo de la Oficina Técnica para la Empresas Públicas, OFEP, un estudio sobre el estado de las empresas estatales, pero era tan lamentable el diagnóstico que el ministro Luis Arce Catacora ordenó archivar el informe.

Leer el detalle muestra varias cosas, comenzando por descartar cualquier posibilidad de que el encargado del manejo de la economía del país en ese entonces pueda, ni por chiste, aspirar al Premio Nóbel de Economía.

Todo era un caos. Por ejemplo, no se conocían los costos reales de esas empresas, ni se conocen ahora.

El informe no lo menciona, pero hay que recordar que, en 2006, el cocalero Morales visitó Huanuni y decidió, por su cuenta y riesgo, que en lugar de 700 obreros, la empresa debía tener 4.700.

El ministro de Economía, Arce Catacora, no dijo ni pío sobre esa decisión que, por supuesto, convirtió a la más grande mina de estaño del país en una fábrica de pérdidas para el Estado.

La lista de los elefantes blancos construidos de manera tan alegre en la gestión Morales-Arce es muy larga y el monto de la inversión supera los 6.300 millones de dólares.

Pero en 2019, Arce decidió meter bajo la alfombra, que ya era persa, el informe de la OFEP sobre la crisis de las empresas estatales, seguramente porque se avecinaban las elecciones. No quería que salieran a la luz los groseros errores cometidos en el manejo de la economía.

Este hecho doloso tendría que figurar en la lista del fraude, pues aquel año los electores votaron sin saber que el aspirante a la re-re-elección estaba manejando tan mal las cosas del país. Un fraude que se mantuvo en 2020, pues ante las nuevas elecciones el país no sabía que Arce Catacora había ocultado este informe tan importante para calificar la capacidad del candidato de hacer una buena gestión. Alguien que hubiera manejado tan mal las cosas de la economía, de las empresas estatales, no merecía la confianza y menos el voto de los ciudadanos.

La revelación hecha por el periodismo, sobre la existencia del mencionado informe que fue escondido por el entonces ministro, tendría que merecer un tratamiento serio por parte del Parlamento. No se puede tolerar que el país haya sido engañado de esa manera por alguien que, casualmente, ahora es presidente del país.

Quizá corresponda un juicio de responsabilidades: lo cierto es que este hecho no puede pasar inadvertido por los órganos de fiscalización con que cuenta el país.

El autor es periodista