Presidente Arce, ¿de veras cree en la reforma judicial?

El pasado lunes, 3 de enero, se inauguró el año judicial en Sucre con la promesa presidencial de “hacer realidad una reforma judicial que deje de ser un discurso y se convierta en hechos concretos”. Un buen deseo que, sin embargo, por lo que se dijo en esa ocasión, parece incierto. Veamos:

1. Según la “radiografía objetiva” del presidente, “los males principales de la justicia son la corrupción, la retardación y la enorme carga procesal”; con lo que coincidiríamos si es que al menos se hubieran mencionado las causas profundas, que no son sino la ausencia de independencia, idoneidad y presupuesto, carencias centenarias, agravadas en extremo en estos 15 años de autoritarismo y hegemonismo.

2. El sometimiento político de los jueces, especialmente de los supremos, a partir de su selección y postulación partidarias, ha “secundarizado” en absoluto la idoneidad ética en varios magistrados, haciendo inocultables la venta de cargos, la desaparición de sentencias, la falsificación de fechas, al tiempo que la retardación de justicia y la mora procesal tienen que ver mucho con la carencia de idoneidad profesional, difícil de ser suplida por “letrados” asesores, que son quiénes redactan los fallos y, en algunos casos, negocian el precio de las resoluciones.

3. Es evidente que, como dijo el primer mandatario, nuestro “modelo de gestión judicial es obsoleto, discriminador y excluyente”, proporcionando algunos datos importantes como la carencia de jueces en 175 municipios, dejando sin “justicia” a más de un millón de bolivianos. Pero la descripción cojea si al mismo tiempo no se reconoce que con un presupuesto judicial miserable, que apenas llega al 0,46% del Presupuesto General del Estado, es imposible tener más jueces, sueldos dignos, infraestructura básica y medios tecnológicos que reviertan está justicia “insensible que privilegia a pocos”, como se quejó Arce en Sucre. Peor si su ministro de Justicia cree que esa mísera asignación presupuestaria es más que suficiente y que solo está siendo malgastada por el Consejo de la Magistratura, ignorando que el 70% de los pocos recursos asignados, más allá de la ineficiencia de su administración, se van, de manera inevitable, en sueldos y salarios.

4. Para el presidente Arce, las causas más profundas de nuestros males judiciales no son sino el capitalismo y el neoliberalismo…, sí, eso dijo en Sucre, señalando que la justicia ha sido sometida a “la ley del valor de cambio”, vale decir que ha sido convertida en mercancía, “lo que fue profundizado en nuestro país durante dos décadas del modelo neoliberal”.

Posiblemente esta supuesta explicación causal-estructural, hace olvidar al presidente otras causas de nuestra tragedia judicial, como el autoritarismo, que ha convertido a los jueces en instrumento de persecución política, o como el hegemonismo que está liquidando la independencia de poderes, al extremo que es el Órgano Ejecutivo el que habla y propone la reforma, mientras el Judicial calla y obedece.

5. Finalmente, el presidente Arce comprometió concretar la reforma en 2022 con la “Cumbre judicial” de marzo, que daría continuidad a la propuesta y los “seis ejes” del ministro de Justicia.

Ojalá otras voces cercanas al presidente pudieran darle cuenta de que, por un lado, la propuesta de los seis ejes no atiende los problemas estructurales de la justicia boliviana, cómo la falta de independencia, idoneidad y presupuesto, y que, con solo la redistribución de jueces, con “exámenes descolonizadores”, introducción de informática (TIC), con nuevas leyes y la retórica de eficiencia y ética, (que es lo que propone Lima), se avanzará muy poco en un verdadero camino de reforma.

Y, por otro lado, el presidente Arce debería saber que la cumbre de marzo será la tercera del masismo, y que las cumbres anteriores, de 2012 y de 2016, no produjeron resultado alguno porque fueron eventos cuasi partidarios, sin diagnóstico, con un menú a gusto del Gobierno y cuyas “conclusiones” se quedaron en discurso.

Sí, somos escépticos acerca de la reforma judicial en manos del Gobierno. Pero estamos decididos a hacer, efectivamente, del año 2022 el de la reforma judicial, por lo que impulsaremos con decisión la propuesta que venimos alentando 10 juristas independientes, para que la comunidad se empodere de ella, y con una propuesta final y consensuada, recabando el apoyo del 20% del Padrón Electoral, vayamos a un referendo ciudadano que, concretando una modificación parcial de la Constitución, inicie la transformación del sistema de justicia en el corto, mediano y largo plazo.

El autor es político y abogado