Nos siguen matando

Una veintena de feminicidios en lo que va de 2023 y apenas comienza. Diez mujeres asesinadas cada mes. En promedio, tres mujeres asesinadas cada semana. Una nueva víctima en el tiempo que escribo esta opinión hasta su publicación.

Como si se tratasen de solo números, los datos son entregados por la Fiscalía como cantidad de panes en una canasta, olvidando lo importante: el avance de la investigación, identificación y sanción de los feminicidas y sus cómplices, situación de las wawas que quedan en orfandad, ¡las acciones que hubiesen evitado el deceso!

El avance normativo en Bolivia para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, destacado incluso por la Organización de Naciones Unidas (ONU), dista bastante de la realidad que vivimos como mujeres, pues nos siguen matando.

Siete años aguardamos para el cierre del caso de Analy Huacho, su feminicidio —en manos de su esposo alto funcionario policial y de confianza gubernamental— nos legó la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Once años han pasado y el asesinato de Juana Quispe, concejal de Ancoraimes, continúa impune y los principales imputados —exalcalde y excolegas concejales del MAS— siguen libres. Su legado, la ley contra el acoso y violencia política contra la mujer.

Menciono estos casos sólo por citar los ejemplos más emblemáticos.

En estas circunstancias, ¿qué futuro tendrán las investigaciones de los 20 feminicidios de este año?

Cuando en papeles y discursos se abundan en soluciones que en la realidad son escasas.

La prevención de feminicidios es menospreciada por el Gobierno en todas sus instancias. Desde los municipios que asignan ínfimo presupuesto a las Defensorías y Servicio Legal Integral Municipal (Slim) donde se reciben las denuncias, o la policía que tiene escaso personal y equipamiento en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, la Fiscalía cuyo personal asignado a estos casos es mínimo y las gobernaciones con el gobierno nacional que se empeñan en asignar el más bajo presupuesto para este propósito.

Y si acaso, en esas precarias condiciones, te aceptan la denuncia, la situación no mejora.

Una odisea para la evaluación forense donde debes repetir tu verdad porque llenaron mal el formulario, eso sin contar toparnos con algún servidor público que —al igual que la mayoría de parientes, vecinos o amistades— nos pretende reflexionar sobre nuestra supuesta responsabilidad frente a las agresiones que sufrimos.

Esas instituciones de gobierno que, en lugar de precautelar nuestros derechos y vidas, son cómplices de que nos sigan matando, pues nos envían de retorno a casa, al lado de nuestro agresor, sin garantía alguna para que acabemos tres metros bajo tierra y engrosando los números a presentar en la próxima conferencia de prensa de la Fiscalía.

La autora es trabajadora y comunicadora social