Derechos humanos, ¿son un privilegio en Bolivia?

La respuesta a esta preguntapodemos obtenerla de los hechos diarios en Bolivia, presento solo un par de ejemplos.

Los expresidentes de Bolivia Jeanine Añez y Evo Morales.

Ella en la cárcel ya dos años con detención preventiva, él en plena libertad. Pese a que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sobre los hechos de violencia y vulneración de derechos humanos en 2019, reconoce y establece que del mismo modo que en Senkata y Sacaba, también hubo vulneración a los derechos humanos en Playa Verde, Vila Vila, Challapata y Montero bajo el Gobierno de Evo Morales, esos hechos deben investigarse (francotiradores, heridos, ataques a ambulancias y tomas de rehenes).

El líder cocalero César Apaza y el asesino-violador serial Richard Choque.

Apaza detenido, pese a sufrir una embolia que le ha paralizado el cuerpo fue trasladado intempestivamente del hospital a la cárcel a continuar con su detención preventiva por más de seis meses. Mientras que la justicia boliviana permitió que Choque, hoy recapturado, salga de la cárcel a continuar cometiendo delitos, pese a que en ese momento tenía ya sentencia ejecutoriada.

El exdirector del Fondo Indígena Marco Antonio Aramayo y la exministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemecia Achacollo.

Por el caso del Fondo Indígena, él murió en la cárcel tras siete años de detención preventiva cargado de torturas y humillaciones; mientras ella, también acusada, goza de la posibilidad de defenderse en libertad.

El gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y el gobernador de Potosí Jhonny Mamani.

El primero en la cárcel con detención preventiva ya tres meses, investigado en el juicio por el caso Golpe de Estado I, detenido con desproporcionada fuerza y violencia; el segundo, denunciado por presunta corrupción en el caso “ambulancias fantasmas” puede defenderse en libertad pues está beneficiado con una detención domiciliaria y derecho al trabajo.

Iván Melendres, activista ciudadano quien fue detenido en La Paz este 23 de marzo —Día del Mar— por recordar con carteles el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre una salida al mar, o el joven que en Potosí exclamó ¡Bolivia dijo No! frente al entonces presidente Morales y fue detenido inmediatamente; mientras que el expresidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, Marcial Ayali, filmado en actos de violencia contra mujeres en el paro cívico de Potosí de 2021, nunca fue detenido.

La violencia y represión contra periodistas en Las Londras, la represión en Chaparina en 2011, la represión a las personas con discapacidad en 2016, el asesinato de la concejal de Ancoraimes Juana Quispe, detenciones preventivas del expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) Marco Pumari y los jóvenes de la Resistencia Juvenil Cochala, la persecución política que arrojó a la clandestinidad a los dirigentes potosinos Carlos Manuel, ocasionándole la muerte, y Ramiro Subia, gravemente enfermo; los balines utilizados por la policía para reprimir a los maestros que protestan ahora.

Y así cuantos nombres y casos más podrían añadirse desde cada pueblo, comunidad, ayllu y ciudad.

Estos ejemplos nos permiten advertir que de un tiempo a esta parte los derechos humanos, se han convertido solo en un privilegio de quienes ostentan el favor del gobierno de turno.