Nacionalizar el oro

Bolivia es por excelencia un país minero. En sus entrañas, guarda una infinidad de riquezas naturales. No se sabe si es una maldición o una bendición. Maldición, porque la riqueza y el excedente económico que generaron nunca tuvieron buen destino, más bien estancaron la economía en el modelo primario exportador. Es decir, una economía basada en materias primas y recursos naturales, sin transformación ni valor agregado.

En la colonia todo el excedente económico que generó la plata del Cerro Rico de Potosí tuvo como destino final la Corona española. El saqueo se prolongó durante más de cuatro siglos. Luego, en la República, la riqueza mineral estuvo en manos de los grandes empresarios mineros. Durante 127 años, hasta la revolución del 52, esta oligarquía se apropió de la riqueza y del excedente. El saqueo fue igual o peor que en la colonia. La riqueza solo benefició a los grandes empresarios mineros. A tal punto que uno de ellos, Patiño, al final de la primera mitad del siglo XX estaba entre los 10 hombres más ricos del mundo.

La revolución del 52, con la nacionalización de las minas, cambia esta situación. El excedente económico, pasa de manos privadas a tuición del Estado. Esto permitió grandes inversiones en infraestructura, caminos, escuelas hospitales y otros. Aunque, luego, el proceso se pervirtió. Los políticos, administrando el excedente y la inversión pública, comenzaron a forjar enormes fortunas en licitaciones, adjudicaciones y contratos.

El modelo económico estatista colapsa en 1984, en el régimen de la UDP. Ese Estado hipertrofiado que propició el modelo “nacionalista revolucionario”, tocó fondo. El ajuste fue inevitable. Viene entonces, en 1985, el 21060, cambiando el lugar de acumulación: del Estado a manos privadas. 

En el ciclo neoliberal se descubrirán grandes reservas de gas. La riqueza y el excedente económico que generará este nuevo recurso natural, con la “nacionalización” de los hidrocarburos, en mayo del 2006, pasan nuevamente al control del Estado y de los políticos de turno.

La renta gasífera propiciará una fase de extraordinaria bonanza económica por los altos precios y volúmenes exportados a Brasil y Argentina. Entre 2008 y 2014, con la renta del gas en las nubes, Evo Morales y la voraz elite cleptocrática azul administraron cerca de 70.000 millones de dólares. Se multiplicó la inversión pública y se implementaron bonos y subsidios. La bonanza económica del superciclo, permitirá también dos reelecciones de Morales, el 2009 y el 2014.

Desde 2014, empero, la economía boliviana experimentará una notable y sostenida reducción de la renta hidrocarburífera, que cayó casi en un 70%. No obstante, el descomunal gasto público se mantendrá financiado con las reservas internacionales netas (RIN) y el crédito externo.

Si bien, por un lado, caen las ventas de gas, por el otro, aumentan las exportaciones de minerales. El oro pasará a ocupar el primer lugar del total de las exportaciones.

Las ventas de oro en 2022 alcanzaron a un poco más de 3.000 millones de dólares. Mientras que las exportaciones de gas apenas bordearon los 2.974 millones. En 2023, las ventas de oro superaran los 3.200 millones de dólares. El gas no alcanzó ni siquiera a 2.000 millones.

Ahora bien, y esto es de fundamental importancia, las regalías por la venta de gas representan el 70% del valor comercializado. Mientras que, las regalías e impuestos por la venta de oro son menores al 2,5%. Esto es absolutamente irracional. La explotación y la venta del oro concentradas en manos privadas (cooperativistas mineros) ha generado una nueva oligarquía, parecida a la rosca minera de los inicios de la república. Se diferencian solo en su composición y base ancha. Ellos también han creado un “súper Estado”. Hasta podrían financiar “golpes”, si se atenta en contra de sus intereses.

Pues bien, considerando la calamitosa situación de nuestras RIN —que descendieron de 15.000 millones de dólares en 2014, a 1.700 en 2023— y la dramática escases de divisas, es imperativo nacionalizar la explotación y venta de oro, en concordancia además con los artículos 348 y 349 de la Constitución. 

Esta patriótica medida, no solo permitiría aumentar sustancialmente los ingresos estatales y equilibrar las cuentas fiscales. Permitiría también la generación de un gran excedente. El Estado ya no tendría que estar mendigando onerosos créditos externos. La riqueza que genera este precioso metal debe pasar ahora de manos privadas al Estado.

Es muy improbable que el régimen actual, por sus relaciones corporativas pervertidas, adopte esa medida. Sin embargo, un patriota como Gualberto Villarroel, con seguridad lo haría.

El autor es profesor de la carrera de Ciencia Política de la UMSS