No se llora sobre leche derramada

Hace aproximadamente 10 años, la economía boliviana comenzó a experimentar una desaceleración en su crecimiento, lo que no significaba una contracción económica absoluta per se, sino más bien que indicaba un crecimiento más lento en comparación a años anteriores. A partir de entonces, los economistas advertían las debilidades del modelo económico vigente y los problemas de fondo. Se resaltaba la urgencia de tomar medidas preventivas para evitar que, en un futuro no lejano, dicha situación no desemboque en una crisis como la que estamos ahora transitando.

Es evidente que la escasez de dólares en el país —preocupación ampliamente reconocida— es un indicador del difícil panorama macroeconómico que se está atravesando, consecuencia, entre otros factores, de la disminución de las reservas internacionales netas (RIN) —de más de $us 15.000 millones en 2014 a poco más de $us 1.700 millones al cierre de 2023—, de la balanza comercial deteriorada y del elevado gasto público (déficit fiscal desde el 2014, según la Fundación Jubileo).

No se trata simplemente de un problema transitorio como sostiene el Gobierno; es un problema de fondo. En este marco, además de fomentar las exportaciones, como en cualquier hogar cuando se tienen menos ingresos, lo que el Gobierno debe hacer es reducir sus gastos. Claramente, el acuerdo con los empresarios privados es un primer paso para reconocer las deficiencias y adoptar medidas, pero no es suficiente. Se necesita una reducción significativa del gasto público, lo que teóricamente resulta más sencillo de lo que es en la práctica.

Es decir, es posible —y se debería— reducir el gasto público, por ejemplo, mediante el cierre de empresas estatales deficitarias, la disminución de gastos en propaganda gubernamental y la revisión de salarios excesivos. No obstante, una de las principales aristas que representan un costo fiscal significativo son las subvenciones a los combustibles, y es justamente ésta la parte complicada de la práctica, ya que se debe reconocer que la reducción de estas subvenciones conllevaría un alto costo social.

Además, no se debe dejar de lado que las decisiones económicas están permeadas por consideraciones políticas. En medio de una constante pulseta política, con elecciones en 20 meses y una temprana campaña política, el gobierno no quiere ni puede permitirse causar mayor malestar social del que ya existe y existirá.

Así, las medidas deben enfocarse en, primeramente, dejar los intereses políticos, no tratar de camuflar el problema y reconocerlo como tal y, entonces, brindar información transparente procurando recobrar la confianza y disminuir la incertidumbre de los agentes económicos, como aspecto central. Por otro lado, debe pensarse en un mecanismo para reducir la subvención a la gasolina de manera diferenciada y que se protejan a los segmentos más vulnerables de la población, pues los desafíos sociales no deben ser ignorados.

También se deben tomar acciones concretas como la reducción de gastos superfluos, la liberalización de las exportaciones y brindar condiciones favorables al sector privado, evitando el flujo de capital al extranjero. Se vienen tiempos difíciles, y aunque hubiésemos querido que medidas estructurales como la industrialización, la diversificación productiva, reducido gasto público, entre otros, se hubieran tomado desde hace tiempo atrás… no se llora sobre leche derramada.

Es fundamental tomar medidas con determinación y avanzar en la recuperación económica, esperando que, a corto plazo, estas medidas asumidas estén a la altura para amortiguar el impacto de la crisis.