Una oportunidad para transformar la justicia
La administración de justicia en Bolivia necesita un cambio profundo no solo por los recientes casos que se han descubierto sobre presuntos vínculos con el crimen organizado; sino, por la percepción y el trato que recibe el ciudadano día a día cuando acude especialmente a las dependencias del Órgano Judicial, como los juzgados y el Ministerio Público.
La mala imagen de la justicia es la consecuencia de la suma de irregularidades y malos tratos que quebrantan el trabajo de las instituciones.
El más reciente informe de la Defensoría del Pueblo constata lo complicado que es acceder a la justicia Bolivia y la constante vulneración de derechos de las personas, especialmente, los privados de libertad.
De un total de 20.585 quejas recibidas, entre las instituciones con más denuncias figura el Ministerio Público, con 1.463 casos, seguido por el Órgano Judicial, con 1.387.
Luego, están la Policía Boliviana, con 824; la Dirección General de Régimen Penitenciario, con 581; y el Tribunal Supremo Electoral, con 355. Los registros incluyen instancias como la Fiscalía General del Estado, las fiscalías departamentales y los tribunales departamentales de justicia, señala un informe de la Defensoría del Pueblo.
Las denuncias demuestran que las personas, entre ellas víctimas de diversos delitos y los detenidos, son las más afectadas por el deterioro de la administración de justicia.
El propio presidente saliente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, reveló que su inclinación por ser parte de la administración de justicia surgió por la injusticia y extorsión que vivió su familia.
La autoridad judicial indicó que su interés por “atacar” el mal manejo de la detención preventiva está ligada a su propia experiencia, cuando a sus 21 años pasó un año y cinco meses en reclusión luego de –según su versión– defender a su madre en un acto que atentaba contra su vida.
Aseguró que, en su intento por lograr justicia, resistió y no negoció con quienes lo encarcelaron, pese a que le ofrecieron someterse a un proceso abreviado. “No negociamos nunca con las mafias judiciales (…) Decidimos resistir y demostrar que la verdad siempre sale a la luz y después de un año y cinco meses tuvimos justicia”, precisó.
El Ministerio Público, una de las instituciones más denunciadas, tiene ahora una nueva oportunidad para transformar la justicia después del cambio del Fiscal General y de los fiscales departamentales. Sin embargo, debe cuidarse de no incurrir en los errores del pasado y quebrantar las normas y valores que rigen su actividad.
Está claro que no es una tarea fácil, pero es importante que el Ministerio Público recupere su verdadero rol de defender a la sociedad sin distinción alguna.
