Aprueban ley que crea la Comisión de la Verdad
La Comisión de Constitución de la Cámara Baja dio luz verde al proyecto de ley que establece la “imprescriptibilidad de los casos de abusos sexuales”, además de establecer la creación de la Comisión de la Verdad, que tiene como objetivo esclarecer los hechos de violencia sexual en contra de menores. Esta estará integrada por tres órganos del Estado y tendrá 18 meses para concluir con la investigación de casos puestos a su conocimiento.
El Órgano Ejecutivo planteó esta iniciativa legal tras conocerse el caso del sacerdote jesuita fallecido Alfonso Pedrajas, quien en su diario admitió que abusó sexualmente a más de 85 niños y adolescentes durante su estadía en Bolivia.
Esta fue la punta del ovillo, toda vez que le siguieron una serie de denuncias que involucran a otros miembros de la Iglesia católica en delitos sexuales. Algunos de los ofensores ya fallecieron.
Imprescriptibilidad
La normativa aprobada en la comisión y que será considerada en el pleno de Diputados establece la imprescriptibilidad de todos los delitos contra la libertad sexual, tipificados en el Título XI del Código Penal, siempre y cuando las víctimas sean menores.
Esto significa que “estos delitos podrán ser investigados y juzgados cualquiera sea la fecha de su comisión, de modo que los que sean declarados culpables sean efectivamente castigados”.
Modificaciones
La propuesta amplía la protección penal frente a la violencia sexual contra infantes, niñas, niños o adolescentes con la modificación de los delitos tipificados en los artículos 308, 308 bis, 312, la derogatoria del delito de estupro y agravantes.
Por ejemplo, la pena por el delito de encubrimiento se incrementó de 4 a 8 años de cárcel y el de abuso sexual a menores de edad de 15 a 20 años de privación de libertad.
Comisión de la Verdad
La disposición final primera del PL 372 determina la creación de la Comisión de la Verdad, que tiene como objetivo esclarecer los hechos de violencia contra menores.
Estará integrada por los ministerios de la Presidencia, Justicia y Gobierno; los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia; el presidente del Consejo de la Magistratura; el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional; el Fiscal General del Estado; el Procurador General del Estado y el Defensor del Pueblo.
