La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) contra el Estado boliviano por “violaciones contra la vida y los derechos humanos” en el caso denominado “terrorismo” será de cumplimiento obligatorio, no prescribirá en el tiempo y tiene alcance regional, coincidieron tres analistas.
La defensa de la expresidenta Jeanine Áñez presentó ayer un recurso de casación al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que se anule la sentencia de 10 años de cárcel, impuesta por el caso golpe de Estado II. De resultar negativa la respuesta, se acudirá a tribunales internacionales.
Karen Longaric, la excanciller del Gobierno de Jeanine Áñez, desde Alemania, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) por una presunta “persecución política y judicial” de parte del Estado boliviano en su contra.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) encontró al Estado de Bolivia responsable internacionalmente por la desaparición forzada de Juan Carlos Flores Bedregal, durante el golpe de Estado de Luis García Meza en 1980.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) halló al Estado de Bolivia responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales, la vida privada y familiar, la igualdad ante la ley, la protección judicial y los derechos de la niñez en perjuicio de Brisa de Angulo Losada, cuando era adolescente, entre 2001 y 2002.
Por cinco votos a favor y dos en contra, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) concluye que “la reelección presidencial indefinida no constituye un derecho humano